Hace años que las luchas sociales vienen dando la voz de alarma contra la vorágine especulativa internacional en torno a las viviendas en las ciudades, denunciando sus nefastos efectos sobre el derecho a la vivienda de sus habitantes. En paralelo, los movimientos vecinales han situado en el foco los funestos impactos de la turistización en el espacio público y la vida en los barrios. Ambos fenómenos están conectados con un modelo económico insostenible para el territorio, deriva sobre la que ha advertido el movimiento ecologista, en especial en las zonas más presionadas a nivel ambiental y social. También están entrelazados los impactos sobre los derechos humanos del mercado global especulativo de la vivienda, la turistización internacional depredadora y el modelo económico insostenible. Además, unas dinámicas que eran más bien emergentes después de la crisis de 2008, son hoy día una realidad consolidada. Pero hasta el momento, nuestros gobernantes han hecho oídos sordos a las advertencias o si acaso han introducido medidas mínimas. Aunque algunos se esfuerzan en seguir negándolo, la propiedad ha atravesado y tensiona la función social de la vivienda, que no es otra cosa que el necesario resguardo vital para poder orientar y habitar en dignidad. En muchos casos y hablando claro, cuando la propiedad tiene finalidades especulativas más bien arrasa con la vivienda y su valor de uso (función social) sustituyéndolo por el valor de cambio (de mercado), evolucionando en los últimos tiempos de mercancía a activo financiero. Esta dinámica, derivada de la financiarización de la vivienda, ha sido reconocida por un amplio espectro de expertos, incluyendo figuras como la Relatoría Especial del derecho a la vivienda de las Naciones Unidas2. De esta manera, los elevados precios de la vivienda derivados de las tensiones del mercado privado son uno de los factores clave de la exclusión residencial y de la falta de asequibilidad. Cuando las burbujas de precios y especulativas no se regulan o enfrentan, los territorios más cotizados por la inversión global en vivienda y turismo sufren dinámicas extremas y sostenidas de precios desorbitados, que son un verdadero obstáculo para que la población local acceda a la vivienda o sencillamente pueda mantenerla. La alta demanda de viviendas de compra y alquiler por parte de agentes con mayor capacidad financiera, reforzada después de la pandemia y fluctuante en función de dinámicas de inversión globales, que ha emergido de forma especialmente intensa en los territorios insulares y de costa del mediterráneo, así como en las grandes ciudades europeas, es una de las causas principales de la subida de los precios.

Las Islas Baleares, las Canarias, pero también las de Grecia o Italia, así como la costa de Málaga, Valencia y Catalunya, o ciudades como Barcelona, Madrid, París o Berlín, sufren desde hace años esta dinámica perversa y gravísima en términos de vulneración de derechos. En los mencionados territorios, el incremento exponencial de adquisiciones de vivienda por parte de no residentes, deriva en una captura -especulativa, de uso turístico o para la enésima residencia de lujo de algún rico global- de la oferta de vivienda y a la par en exclusión residencial causada por el aumento del precio de la vivienda asociado, dos consecuencias clave de un modelo social, económico y territorial que no garantiza los derechos fundamentales de la población. La novedad de este año 2024 es que las actuales se han concatenado en distintas ciudades insulares y de la costa mediterránea del estado español y que han sido impulsadas por alianzas entre movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, contra la turistización y el ecologismo. La primera protesta se convocó el pasado mes de abril, bajo lemas como “Canarias tiene un límite”, en la que el archipiélago vivió una jornada de manifestaciones histórica que sacó a miles de personas a las calles en protesta contra las consecuencias sociales y ambientales del modelo económico y turístico imperante. Pobreza, desigualdad social, imposibilidad de acceder a una vivienda, sobreexplotación del territorio o una turistización extrema, son los elementos definitorios de una situación que, según palabras de los convocantes «ahoga y nos expulsa de nuestro propio territorio».

Nos enfrentamos entonces a un mal uso antisocial de la vivienda provocado por la captura del mercado inmobiliario, por parte de la demanda especulativa internacional de gran capacidad adquisitiva, para destinar los inmuebles a usos turísticos, vivienda de lujo o inversión rentable. Este fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y es necesario afrontarlo con nuevas medidas y con verdaderas políticas anti especulativas, sin ser para nada suficientes medidas como la derogación de la "Golden Visa" en España, cuando parte del mal ya está hecho y la propia dinámica especulativa funciona incluso sin medidas de gracia como ésta. Además y más allá de los grandes titulares, con la "muerte parlamentaria" de la reforma de la ley del suelo impulsada por el PSOE, la derogación de facto del visado de residencia aquellos extranjeros no residentes en la UE que realicen una inversión en adquisición de inmuebles en España con una inversión de valor o superior a 500.000 euros, no se ha hecho efectiva todavía y aunque llegará tarde, es apremiante realizarlo. Sin lugar a dudas, hay que ir mucho más allá. Además de las medidas específicas respecto a los apartaNos enfrentamos entonces a un mal uso antisocial de la vivienda provocado por la captura del mercado inmobiliario, por parte de la demanda especulativa internacional -6- mentos turísticos y la construcción de hoteles, cabe explorar iniciativas que promuevan la función social de la vivienda como hogar, asegurando el acceso de los vecinos y vecinas a una vivienda habitual sin que ello suponga destinar la mitad de su sueldo al alquiler o la hipoteca. Desde el Observatorio DESCA hemos realizado 2 estudios jurídicos sobre la situación en Baleares y Canarias, llegando a la conclusión principal de que es posible regular las compras especulativas de no residentes en España y en Europa, y que además, existen ejemplos relevantes e inspiradores de diferentes medidas para enfrentar este fenómeno especulativo global. Los dos informes técnicos antes mencionados, tienen por finalidad situar y fundamentar jurídicamente la limitación o restricción de la compra especulativa a compradores no residentes, como medida para amortiguar la tensión especulativa derivada, sobre el derecho de acceso digno y adecuado de los habitantes. Consideramos que es imprescindible abrir un debate urgente entre movimientos y entidades sociales, académicas, profesionales e instituciones para poner sobre la mesa a lo largo del próximo curso 2024- 2025 medidas que puedan frenar estas dinámicas destructivas. Publicamos el presente documento para compartir algunas de las medidas anti especulativas pioneras a nivel internacional que hemos localizado en nuestras primeras investigaciones, así como el fundamento de una de las regulaciones que puede ser revulsiva y clave en este campo en el futuro: los límites a la compraventa de viviendas por parte de no residentes con la finalidad de frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda de los y las vecinas.