El cumplimiento completo de todos los derechos humanos requiere el uso de recursos, en diferentes grados, por parte del Estado. Los gobiernos tienen la obligación de tomar acciones inmediatas para cumplir todos los derechos humanos garantizados en los tratados de los que forman parte. Estos estándares poseen implicaciones importantes para el presupuesto del gobierno.

Desde la Plataforma DESC – España consideramos imprescindible que, para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales ratificados por el estado español, se tomen como referencia las recomendaciones de los órganos de los tratados para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2020, en especial, la recomendaciones realizadas por el Comité DESC a España en su último examen de abril de 2018 y en el Examen Periódico Universal adoptado en julio del 2020 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Justiciabilidad de los DESC

El Estado español ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la adopción de las medidas legislativas necesarias para garantizar a los DESC en un nivel de protección análogo al que se aplica a los civiles y políticos, asegurando la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones, y en cuanto a la no adopción de medidas en un contexto de crisis que pudieran redundar en la denegación o vulneración de los DESC. De esta forma se priva a los DESC de las garantías necesarias para asegurar la realización efectiva de cualquier derecho, dando lugar a un régimen jurídico que no es sustancialmente igual para todos los derechos humanos. En el pasado 3er Ciclo del Examen Periódico Universal a España, el Estado español aceptó unas recomendaciones disponibles aquí, en referencia sus compromisos con el Derecho Internacional de los DDHH y los propios DDHH de las personas que viven en su territorio.

En este sentido, la recomendación de la Plataforma DESC es la de dotar de presupuesto suficiente para:

1. Asumir los costes materiales y personales de la Misión Permanente de España en Ginebra para facilitar protocolos de actuación con la debida eficacia y urgencia en materia de: o Comunicaciones de Comités de tratados ratificados por España. o Tramitación de Medidas Cautelares ordenadas por dichos Comités.
2. Crear un órgano interministerial de Derechos Humanos que diseñe, tutele e implemente el II Plan de DDHH.
3. Garantizar el trabajo efectivo de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial.

No discriminación - ¿Qué pedimos como Plataforma para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado 2020?

La obligación de no discriminación es transversal, expresamente reconocida en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Su aplicación es inmediata. También es incondicional; es decir, el cumplimiento de la obligación no depende de la disponibilidad de recursos.

La obligación de no discriminación para el presupuesto de un gobierno implica por un lado, que los gobiernos deben tener el mayor cuidado de no discriminar contra ningún grupo o grupos a través del presupuesto y, por otro lado que puede asignar fondos a programas que benefician a grupos que tradicionalmente han sido desatendidos a fin de permitir que tales grupos gocen de sus derechos al mismo nivel que las demás personas de la sociedad.

Las formas más comunes de discriminación en los presupuestos del gobierno se basan en el género, el origen étnico y el estado socioeconómico. Las normas de derechos humanos requieren que los Estados tomen medidas especiales para ayudar a reducir y, de ser posible, eliminar los efectos residuales de la discriminación histórica o sistémica. Esto posee posibles implicaciones para el presupuesto, ya que tales medidas pueden requerir la asignación de más recursos a grupos tradicionalmente desatendidos.

El Comité DESC, en su informe a España, mostró su preocupación por la discriminación en el disfrute de los DESC de las personas inmigrantes, refugiadas, gitanas, con discapacidad, LGTBI y sin hogar, en particular en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación. Preocupa especialmente la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes hacia estos colectivos, inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública. Además en el Examen Periódico Universal - EPU, se triplicaron las recomendaciones relacionadas con la necesidad de mejorar en la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.

Recomendaciones - Dotar de presupuesto suficiente para:

• Garantizar la universalidad del acceso a las medidas inmediatas de alivio económico y a las medidas de protección social, dirigidas a atenuar los efectos más agudos de la crisis.
• En relación con el ingreso mínimo vital, se debe garantizar a todas las personas sin discriminación alguna: se debe ofrecer una protección adecuada contra la pobreza para jóvenes y adolescentes, asistencia social básica para inmigrantes en situación irregular, asistencia social de emergencia en casos de suspensión del IMV por imposición de sanciones, así como se ha de luchar contra la brecha digital habilitando mecanismos presenciales de solicitud o reforzando la asistencia telemática.
• Asegurar los recursos necesarios que permitan al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica cumplir su mandato de manera eficaz e independiente.
• Implementar los diferentes programas y proyectos dirigidos a la lucha contra todas las formas de discriminación, a los que se ha comprometido el gobierno.

No regresividad - ¿Qué pedimos como Plataforma para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado 2020?

La obligación del cumplimiento progresivo significa que un gobierno debe asignar fondos para los DESC de forma tal de asegurar el cumplimiento progresivo de los derechos de las personas (donde el cumplimiento de los derechos se ve condicionado por la disponibilidad de los recursos).

El Comité DESC indicó que la obligación de los gobiernos de evitar medidas regresivas implica que no debería existir una reducción injustificada en los gastos públicos destinados a implementar los DESC, en ausencia de medidas compensatorias adecuadas destinadas a proteger a las personas afectadas adversamente por esta reducción. Si el gobierno no introduce programas o medios alternativos en tal situación para compensar las consecuencias negativas causadas por la reducción en las asignaciones, esto significaría dejar de cumplir con su obligación de evitar la regresión.

En situaciones de recesión económica, los gobiernos deben tener cuidado al realizar los recortes necesarios en el presupuesto para garantizar que, como prioridad, se proteja a los más vulnerables.

Recomendaciones: Dotar de presupuesto suficiente para:

1. Adoptar las medidas necesarias a través de una reforma fiscal y de la lucha contra el fraude para garantizar que el disfrute de los DESC no se vea afectado por la crisis.
2. Cumplir con los estándares internacionales si se adoptasen medidas de austeridad: las medidas deben ser temporales, ser necesarias, se deben aprovechar todos los recursos disponibles, no pueden ser discriminatorias, y se ha de garantizar la protección de grupos vulnerables y así como el contenido esencial de los derechos.
3. Asegurar la financiación suficiente para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios sanitarios y combatir la exclusión sanitaria, reconociendo el derecho a la atención sanitaria pública de los familiares reagrupados.
4. Establecer un plan de reconstrucción que incluya la readaptación de las medidas de protección de los trabajadores y de toda la población; facilitar los trámites para el alta y reducir las cuotas para los autónomos; así como ofrecer oportunidades de formación y acceso al mercado laboral.
5. Puesta en marcha de las medidas de apoyo y de refuerzo educativo necesarias y adaptadas para evitar el fracaso escolar.
6. Aumentar de aquí a 2030 el parque de vivienda social en 2,65 millones de nuevos inmuebles, hasta alcanzar el 15% de las viviendas principales.
7. Eliminar de la ley general presupuestaria la tasa de reposición de personal al servicio de la administración pública y el sector público con la finalidad de permitir que la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal de la administración pública no tenga limitaciones.

El análisis completo realizado por la Plataforma DESC  y las organizaciones que componen esta Plataforma está disponible aquí.