Nacions Unides presenta avui l’informe sobre habitatge en el que alerta de la situació de “greu crisi” a Espanya instant al Govern a “intervenir de forma més rigorosa per regular el mercat del sòl i de l’habitatge”.

Avui dimecres 12 de març, a les 15h el Relator Especial de Nacions Unides sobre el Dret a un Habitatge Adequat presentarà davant l'Assemblea del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, a Ginebra, l’Informe sobre la seva Missió Oficial a Espanya.

Després de la presentació, la delegació del govern espanyol haurà de respondre a les recomanacions del esmentat informe. Acte seguit, s’obrirà un torn de paraules per les organitzacions de la Societat Civil, en el que intervindrà l’Observatori DESC.

Per a més informació podeu trucar als tel. 616 462 249 / 93 302 68 82

(a continuació en castellà)

A continuación hacemos llegar a los medios de comunicación la intervención que leerá la representante del Observatori DESC en Ginebra:

Nota a la presentación del Informe sobre la visita en misión oficial al Estado español del Relator Especial de Vivienda de Naciones Unidas, Sr. Miloon Kothari

El objetivo de esta comunicación es informar respecto a los principales desarrollos en materia de vivienda ocurridos desde la visita del Relator al Estado español en noviembre de 2006.

Recientemente el Gobierno central, ya en el marco de una crisis económica que afecta en primera instancia al sector de la construcción, ha impulsado las siguientes actuaciones:

1. Impulso del régimen de alquiler.
2. Promoción de viviendas públicas.
3. Reforma del mercado hipotecario.

1. El impulso al régimen de alquiler se estructura a través de ayudas a colectivos específicos, ayudas a propietarios, actuaciones contra el acoso inmobiliario y agilización de los procesos de desahucio.

En primer lugar, el impulso al alquiler se está promoviendo básicamente a partir de ayudas monetarias a jóvenes de hasta 30 años. Estas ayudas - insuficientes si no se acompañan de controles sobre el mercado de alquiler y de medidas a favor de la seguridad jurídica en la tenencia -, dejan fuera a otros grupos en especial situación de vulnerabilidad, como la gente mayor o la población inmigrada, además de establecer requisitos de difícil cumplimiento.

En segundo término, la promoción del alquiler se realiza a través de ayudas a los propietarios, dirigidas a estimular el alquiler de los más de 3 millones de viviendas desocupadas. En septiembre de 2007 se modificó el Plan Estatal de Vivienda para permitir la obtención de hasta 6.000€ por vivienda vacía con el único requisito de que se alquile. Esta prestación, no sujeta al cumplimiento de deberes como la rehabilitación, constituye una forma de subvencionar a sectores no prioritarios, y "premia" un uso anti-social de la propiedad como es el abandono de bienes inmuebles.

En tercer lugar, frente al fenómeno de acoso inmobiliario contra inquilinos de renta antigua, el gobierno central ha habilitado una línea de atención telefónica. La experiencia de las numerosas oficinas públicas "anti mobbing" es que mientras la vivienda siga considerándose un bien de negocio e inversión, y no existan sanciones ejemplares contra los culpables, el fenómeno del acoso seguirá expandiéndose.

Finalmente, las ayudas programadas relativas al alquiler se han acompañado de la agilización del proceso de desahucio. La introducción del "desalojo express" significa la creación de juzgados específicos, y en general una reducción de las garantías procesales del inquilino.

2. La generación de vivienda pública está centrada en la promoción de viviendas de nueva construcción, mayoritariamente en régimen de propiedad privada y en nuevos desarrollos urbanos.

Las últimas declaraciones del Gobierno han anunciado la construcción de 1 millón y medio de VPO. No obstante, en un contexto como el español, la garantía de vivienda social asequible no puede confiarse principalmente en la construcción de VPO en régimen de compra, y cuya protección es reversible. La existencia de vivienda social debe orientarse a la movilización de la vivienda vacía, la rehabilitación, y la búsqueda de nuevas formas de tenencia que garanticen seguridad y gastos soportables, como el alquiler social, la cesión de uso o el usufructo.

De otra forma, la política de vivienda seguirá supeditada al crecimiento económico antes que a la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población.

3. La tercera actuación ha consistido en la reforma del mercado hipotecario. Así, con el objetivo de prevenir el impacto de las turbulencias financieras, en diciembre de 2007 se aprobó la modificación de la Ley 2/1981 de Regulación del Mercado Hipotecario.

La modificación de la ley hipotecaria ofrecía la oportunidad de obligar a las entidades financieras a asumir parte de su responsabilidad en el sobreendeudamiento de las familias, y de evitar los abusos hacia los consumidores en la contratación hipotecaria. Sin embargo, la norma aprobada no se orienta a solventar el impacto de la crisis en las familias, sino a dotar a las entidades de crédito de nuevos instrumentos. Así, da carta blanca a las entidades financieras para proseguir con su escalada de productos hipotecarios sin una regulación profunda.

En conclusión, el núcleo duro de las respuestas estatales a la crisis habitacional se caracteriza por las ayudas a promotores, propietarios y entidades de crédito. La política de vivienda no establece controles suficientes sobre el mercado inmobiliario y financiero, ni sobre los usos anti-sociales del derecho de propiedad como el abandono de inmuebles, el incumplimiento del deber de rehabilitación, y el acoso inmobiliario. De esta forma, sin perjuicio de algunas reformas garantistas, las medidas adoptadas no responden a la situación de emergencia habitacional generada por la ausencia de vivienda asequible.

Recordamos que esta comunicación es una actualización del informe sobre la vivienda en España que el Observatori DESC presentó el pasado febrero