Bolívia viu canvis profunds cap a una nova configuració del poder polític, més enllà del sistema tradicional de partits, així com de model econòmic i social. Aquest procés està essent impulsat des dels anys 90 pels sectors populars i empobrits, que són la majoria de la població, en resposta al fracàs de les polítiques que van liberalitzar l'economia i van privatitzar els recursos naturals.

(a continuació en castellà)

Un proceso popular y democrático que está construyendo un nuevo escenario político, con dificultades y debilidades, sí, pero alterando la relación de fuerzas que mantenía el poder hegemónico de la oligarquía en todos los estamentos políticos e institucionales. Este proceso, revolucionario en un contexto como el boliviano, pretende sentar las bases para recuperar el control de los recursos naturales y socializar sus beneficios. Pero la transición no está siendo un “parto” sencillo. Episodios como los de estos días, con ataques violentos a las instituciones y el asesinato de más de 30 campesinos, se han vuelto frecuentes a medida que los cambios se consolidan y el viejo régimen oligárquico retrocede.

Lo cierto, en todo caso, es que antes el empleo de la violencia se realizaba mediante mecanismos institucionales. Ahí está, como prueba, la masacre de octubre de 2003. En aquella fecha, más de 60 personas murieron a manos del ejército, bajo responsabilidad directa del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora, con la pérdida del gobierno central en 2005, la oligarquía se ha visto obligada a reforzarse en sus feudos del oriente. Allí, se han empeñado en mantener sus antiguos privilegios coloniales así como el sistema latifundista de propiedad de la tierra que ha sido la base de su alianza con el capital internacional en los sectores de hidrocarburos y agro-exportación. Para ello, se han valido de un discurso autonomista, identitario y desarrollista, del que se ha hecho eco gran parte de los medios de comunicación. Su objetivo es claro: desestabilizar a un gobierno –el del presidente Evo Morales- que ha salido reforzado con el apoyo del 67% de la población en el referéndum revocatorio del pasado agosto. He aquí, en realidad, la verdadera razón de la crisis: la pérdida de las prerrogativas por parte de las oligarquías locales y la afectación de los intereses de las transnacionales que operan en el país.

El respaldo de los líderes latinoamericanos al gobierno de Bolivia y su rechazo a los actos violentos contra los campesinos y contra la institucionalidad democrática del país contrasta, lamentablemente, con el silencio absoluto de la Unión Europea. Este silencio es especialmente condenable en el caso del gobierno español. Los estrechos vínculos existentes con Bolivia y su gente, habrían exigido una respuesta contundente y comprometida.

* Observatori DESC, 18 de septiembre de 2008