Des de juliol de 2007, la CAIC ha estat portant a terme el gran desafiament d’efectuar la primera auditoria integral oficial del deute públic que ha inclòs el seu anàlisi legal, financer, econòmic, social i ecològic amb la finalitat de determinar la legitimitat i la legalitat de les reclamacions de deute extern i intern acumulats entre 1976 i 2006.

(a continuació en castellà)

Los resultados de la auditoría son contundentes. Desde la década de los setenta, a pesar de que Ecuador vivía una etapa de bonanza petrolera que hacía innecesaria la adquisición de deuda externa, el Gobierno de la dictadura militar inicia un proceso agresivo endeudamiento -entre 1976 y 1980 esta pasó de 636 millones a 3,530 millones de dólares. La posterior sucretización (estatización) de la deuda privada, así como las renegociaciones que han producido capitalización de los intereses en los Bonos Brady y Global y su compra a precios superiores a los del mercado, la renuncia a declarar la prescripción de tramos de la deuda comercial, son algunos de los hallazgos revelados el 20 de noviembre de 2008, durante la presentación del informe de auditoría que había generado expectativas desde que el Gobierno anunció su decisión de declararse en moratoria técnica al no pagar $30,5 millones en intereses sobre los bonos Global 2012 que vencían el 15 de noviembre, a la espera del informe de las investigaciones.

Consecuentemente, durante la histórica presentación, el Presidente Correa anunció que se "buscaría sancionar a los culpables y no pagar la deuda ilegítima", así como el inicio de las causas judiciales contra los responsables nacionales y el comienzo de un proceso arbitral en París contra el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), por los créditos que fueron otorgados a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de una represa hidroeléctrica cuyo proceso de contratación está rodeado de graves irregularidades y su funcionamiento tuvo que ser suspendido por fallas técnicas, luego de menos de un año de operaciones.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2008, en medio de muestras de respaldo y la expectativa nacional e internacional el Presidente Correa anuncio el default de los Bonos 2012 y la moratoria técnica de $30,5 millones de intereses de los Bonos 2015. Sin embargo este anuncio incluyó la preparación de un plan de reestructuración de los bonos a los acreedores, posibilidad que sin duda marcaría el rumbo que tomaría la estrategia gubernamental ante la deuda ilegítima.

Internamente, tanto la auditoría de la deuda externa como el compromiso de no pagar varios tramos de la misma, considerados ilegítimos e ilegales, volvieron a colocar a la deuda externa en medio del debate nacional. Por un lado, las organizaciones y movimientos sociales consideraron que era un gran paso para afirmar el destino soberano del Ecuador y poner de manifiesto que existen otros caminos para encarar la problemática de la deuda. Por otro lado, los analistas económicos, ex-ministros de finanzas y empresarios trataron de deslegitimizar el informe calificándolo como ideológico-político y no técnico, mientras que las medidas adoptadas fueron señaladas como irresponsables al aumentar el riesgo país, cerrar las líneas de crédito para el sector público y privado, y sobre todo porque ponían en riesgo la buena reputación del país al declararse en default por segunda vez en una década, pero siendo más grave ahora ya que se dejaba de pagar teniendo suficientes recursos para hacerlo, lo que sin duda era un irrespeto al mercado y a los acreedores. Finalmente, frente al amplio debate que sigue dándose hasta hoy, el 60% de la población apoyo la decisión de no pago del Presidente de la República.

Por su parte el Gobierno ecuatoriano, con el envió de varias delegaciones oficiales, emprendió una campaña regional para explicar la moratoria de su deuda e invitar a los demás países a realizar auditorías similares en la Región; teniendo como resultado la solidaridad pública de los países miembros del ALBA, el Parlatino, los gobiernos centroamericanos y el apoyo enfático de los Presidentes de Venezuela, Paraguay(1)y Bolivia quienes, en el marco de la Cumbre de América Latina y El Caribe, defendieron la necesidad de auditar las deudas externas en los países de la región.

Uno de los principales voceros de esta campaña fue sin duda el Presidente Correa quien dejo en claro que la moratoria de la deuda comercial fue declarada por la ilegalidad y abuso de la deuda y no por faltas de recursos debido a la crisis financiera internacional. Al mismo tiempo, en sus intervenciones locales e internacionales dejo entrever que el Gobierno ecuatoriano buscaría una salida de mercado a través de la presentación de una propuesta de reestructuración a los acreedores, aunque también se planteó la posibilidad de judicializar la deuda ilegítima ante tribunales internacionales si es que esta no era aceptada.

Paralelamente a esta campaña, el cuestionamiento ante la Corte Comercial Internacional (CCI) del contrato por un préstamo con el BNDES, llevó a una aguda tensión de las relaciones bilaterales con Brasil, país que llamó a su Canciller en el Ecuador a consulta. Paradójicamente, este impasse fue dado por superado en la Cumbre de América Latina y El Caribe, luego de que el Gobierno ecuatoriano se comprometiera a realizar el pago de los intereses del crédito con el BNDES mientras se lleve a cabo el arbitraje internacional.

En el Ecuador, por un lado la Fiscalía General de la Nación llamó a declarar a los ex–Presidentes Alfredo Palacio (2005-2007), Lucio Gutiérrez (2003-2005), Gustavo Noboa (2000–2003), Fabián Alarcón (1997-1998), Sixto Durán Ballén (1992–1996), Rodrigo Borja (1988-1992) y Osvaldo Hurtado (1981–1984). Mientras que por otro, se empezaron a correr rumores de recompra de bonos Global con recursos del Banco del Pacífico(2) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este último desmentido por la Ministra de Finanzas recientemente.

A finales del 2008, el Ministro Coordinador de la Política Económica anunció la intención de recompra unos 3.230 millones de dólares de los Bonos Global 2012 y 2030 con un descuento en el capital de al menos 70% que se obtendría mediante subastas a la inversa, es decir que en lugar de partir del precio del mercado y provocar una subida, el Gobierno ecuatoriano fijará un valor inicial de la recompra que seguirá bajando conforme los tenedores vayan vendiendo. Ya en este anuncio el ministro hablo de un trato diferenciado a los Bonos Global 2015 por "no ser parte de la deuda considerada ilegítima".

Esta postura fue tomando fuerza con las declaraciones del Presidente de la República que ha inicios del nuevo año, reiteró que el Gobierno hará una propuesta de recompra de la deuda externa a los acreedores y que en esa línea se continuaría analizando qué tramos de ésta es legítima o ilegítima, a partir del cual se podría dar un tratamiento diferente a los bonos Global 2015 (650 millones), que se emitieron en el año 2005 donde el país no tenía ninguna presión, y sin embargo se firmaron clausulas como el crossed default(3). Finalmente, el 13 de enero se anuncio el pago de los intereses de estos Bonos. Previamente, Correa anuncio que Ecuador continuará pagando al BID y la CAF, parte de los organismos multilaterales a los que se adeuda 4,251 millones de dólares.

Estos anuncios provocaron el rechazo inmediato de las organizaciones sociales de izquierda que se sienten traicionadas y la crítica de la derecha que acusa al Gobierno de poca seriedad en el manejo del tema, favorecer a los especuladores y utilizar la política económica como mecanismo para obtener votos a puerta de las elecciones presidenciales de Abril del presente año. ¿Pero qué explica estas medidas al parecer contradictorias del Gobierno ecuatoriano? ¿Por qué se anunció el no pago de la deuda ilegítima y posteriormente se optó por pagar los intereses de los bonos 2015 a sabiendas que de acuerdo a la cláusula pare passu, contemplada en los contratos, los dineros desembolsados para estos bonos pueden ser destinados al pago de los bono 2012 declarados en defaulf(4)?

Algunos analistas económicos hablan de una estrategia para dividir a los tenedores de bonos(5) y así evitar que se organicen e inicien posibles demandas internacionales en contra del Ecuador. Aunque esta hipótesis es muy válida, si se analizan las declaraciones gubernamentales alrededor del tema a partir de la presentación del informe de auditoría, estaba claro que el Gobierno de la revolución ciudadana se inclinaría por una salida que dé prioridad a la reducción y alivio de la deuda antes que a la judicialización o impugnación de la deuda ilegítima.

Posiblemente, esta posición más pragmática responda a los efectos de la crisis económica internacional en la coyuntura económica ecuatoriana, y principalmente en los ingresos del Estado ocasionado por la reducción drástica de los precios del petróleo(6), de cuyo valor depende mayoritariamente el Presupuesto General del Estado y por ende las inversiones en el Programa Social del Gobierno (salud, educación, vivienda, subsidios, bonos) y en la construcción de nueva infraestructura.

A esto hay que sumar que el Ecuador tiene como régimen monetario la dolarización, que desde su instauración ha dado a la población la sensación de seguridad y estabilidad financiera, la cual ante un aparato productivo débil también depende de la cantidad de dólares que entren vía exportaciones –principalmente petroleras- y las remesas de migrantes, ambas venidas a menos como consecuencia de la crisis económica internacional, que también ha provocado una inflación del 8,83%(7) (5,41% superior a la tasa del 2007) y una balanza comercial no petrolera de USD$ -6,198 millones (83% peor que en el 2007).

Sin duda, la situación económica ayuda a entender las decisiones del Gobierno ecuatoriano con respecto a la deuda, pero también es cierto que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado cada vez más a estas aparentes contradicciones y los continuos dilemas de ser o no ser a los que se enfrenta la revolución ciudadana.

Nora Fernández Mora
CENTRO DE DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES
Quito (Ecuador)

Notas.
1. Paraguay anunció una revisión de la deuda bilateral con Brasil por la construcción de la represa Itapú.
2. Banco que a partir de la crisis financiera ecuatoriana de 1999 paso a la propiedad del Estado.
3. Si no se paga los bonos 2015, igual se entra en mora los Bonos 2012 y 2030.
4. De acuerdo a esta cláusula los tenedores pueden solicitar a una corte o a los bancos que se encarguen del cargo o la distribución proporcional de esos recursos. Incluso los tenedores de los Bonos 2030 pueden declarar el plazo vencido de las obligaciones y el pago inmediato de la totalidad de la deuda.
5. Ver declaraciones de Ramiro Crespo en www.elcomercio.com
6. Los precios de barril del petróleo ecuatoriano se redujeron en los últimos seis meses de cerca de $120 a $35.
7. Ecuador es el tercer país con inflación más alta en Sudamérica.