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Fue en septiembre de 2020 cuando se inició este litigio que puede ser estratégico para los DESCA. La demanda, presentada por un grupo de jóvenes portugueses y varias organizaciones agrupadas en la Global Legal Action Network (GLAN), enfrenta el futuro de la juventud con los estados responsables de tomar cartas en el desastre ambiental que hoy lo pone en riesgo. Esta podría ser la primera sentencia del Tribunal Europeo que exija a los países la protección del medio ambiente en cuanto elemento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Alegan, y así lo hace también el amicus de la Red DESC recientemente presentado, que la falta de acción de los estados está elevando la emergencia climática hasta el punto que atenta de forma directa al derecho a la vida y a la integridad.

Así, la lucha que jóvenes activistas de todo el mundo están llevando adelante para denunciar la emergencia climática y la urgencia de la puesta en marcha de mecanismos para frenarla, toma una nueva dimensión. El grupo promotor de esta batalla legal cuenta con un portal web donde presentan en profundidad la demanda y a sí mismos. De esta forma, contra la idea de que es una demanda idealista, cualquier lector puede comprender que lo que les sobra es realismo y conciencia sobre cómo los actuales cambios en el sistema climático están generando situaciones de angustia e incertidumbre para los jóvenes.

Cuenta Martím, uno de los demandantes que acaba de cumplir los 18 años, cómo durante los incendios forestales que azotaron su región en 2017 vio cerrar su escuela durante días y cómo las llamas estuvieron a punto de convertir su casa en cenizas. La menor de los integrantes de este grupo, Mariana, con apenas 9 años se pregunta cuál es el futuro que cabe esperar si, durante su tiempo estimado de vida, la temperatura global aumentará entorno a los 4ºC. Una de las variables es que Portugal se acostumbre a largas olas de calor por encima de los 40ºC, suponiendo cambios inmensos en la organización agrícola y económica frente a los que ningún país parece estar tomando medidas.

La exigencia legal de responsabilidad de la que este litigio puede ser vanguardia es un camino para la protección de los derechos ambientales de todas las sociedades. Desde el Observatori DESC sumamos nuestras fuerzas a esta batalla y celebramos la valentía de Catarina, Claudia, Martim, Mariana, Sofía, André y de todas las organizaciones, así como individuos que están haciendo de la lucha por la justicia climática una realidad.

Las organizaciones implicadas

Las organizaciones que participan en el amicus curiae son: Al-Haq, ALTSEAN-Burma, Center for the Study of Law, Justice and Society – Dejusticia, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN International, Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GI-ESCR), Human Rights Action (HRA), International Human Rights Clinic at the University of Virginia School of Law, Layla Hughes, Minority Rights Group International (MRG), Observatori DESC y Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL). La secretaría de la Red-DESC coordinó la presentación.

El amicus en el caso Duarte Agostinho está disponible en inglés