Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Surya Deva, Presidente del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, han hecho pública su profunda preocupación por el hecho de que las acciones de uno los mayores inversores del mundo en bienes residenciales, el Blackstone Group L.P, no respeta las leyes internacionales de derechos humanos de protección del derecho a la vivienda.

Los expertos de Naciones Unidas califican en su comunicado de "indignante" el negocio que multinacionales como Blackstone están desarrollando, basado en la compra de casas a precios bajos para renovarla y subir los alquileres. En su texto, recuerdan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Asimismo, acusan las prácticas de "desalojos agresivos" ejercidas por Blackstone para proteger sus fuentes de ingresos de alquiler, reducir el número de viviendas asequibles en algunas zonas y expulsar de sus hogares a los inquilinos de ingresos bajos y medios.

Blackstone es tan solo uno de los mayores ejemplos de las firmas de empresas de capital privado y gestión de activos que, comprando miles de viviendas en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, se ha convertido en los mayores caseros del mundo. Estas viviendas se han obtenido a menudo a través de filiales, lo que le convierte en uno de los mayores y más poderosos actores globales en el sector de la inversión en vivienda. Leilani Farha y Surya deva afirman que estas prácticas "han cambiado el panorama global de la vivienda”, convirtiendo los hogares en instrumentos financieros y de inversión en lugar de un derecho humano.

España entre los estados señalados por falta de protección del derecho a la vivienda

La Relatora Especial y el Grupo de Trabajo también han enviado cartas a los Estados Unidos de América, Dinamarca, España, Irlanda, la República Checa y Suecia, señalando que cada uno de ellos ha facilitado la inversión la vivienda en sus propios países, mediante leyes fiscales preferenciales para los grandes tenedores como Blackstone y una débil protección de los arrendatarios, entre otras medidas. La carta dirigida a España especifica que la comunicación pretende “alentar a España a que reconozca el impacto de la financiarización de la vivienda en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada, en particular para los grupos minoritarios y vulnerables, y a que adopte medidas concertadas para devolver la vivienda a su función básica como bien social. El no hacerlo sólo puede considerarse como retroceso y, por consiguiente, pone al Estado en contradicción con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos."

El Observatorio DESC y movimientos sociales por el derecho a la vivienda en el estado español han contribuido a este trabajo de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En concreto, en Barcelona se ha lanzado una campaña por parte de varios colectivos de vivienda denunciando las malas prácticas de Blackstone en varios casos, bajo el HT #KillBlackstone". Desde el Observatorio venimos denunciando las prácticas de grupos como Blackstone. Recordamos una vez más al Estado sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que contrariamente a ello España ha desvinculado la vivienda de su objetivo social básico: proporcionar a las personas un lugar para vivir con seguridad y dignidad.

Leilani Farha incide especialmente en la situación precaria e insegura de los y las inquilinas. Por ejemplo en la carta a España la relatora afirma que "los precios de arrendamiento de viviendas gestionados por la empresa son un 38 por ciento más caros que los precios medios de los barrios en los que se encuentran".

Para más información:

• Comunicado de la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada y el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos

• Carta dirigida al estado español