Hay que recordar que si bien en mayo de 2017 el juzgado encargado de la instrucción había acordado tomar declaración a dos testigos de los hechos, actualmente residentes en Alemania, y se había admitido hacerla por videoconferencia, la juez cambió su parecer y cerró la investigación. El motivo fue un informe de la Guardia Civil que rechazaba la validez de tal importante testimonio, informe que se acaba bloqueando la práctica de una prueba que ya había sido admitida en tiempo y forma.

En efecto, la juez cerró la instrucción una vez las pruebas habían sido ya admitidas, sin aportar, según reconoce ahora la Audiencia Provincial de Cádiz, una explicación plausible. La vulneración del principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales es el motivo de la reapertura del caso.

Desde el Observatorio DESC denunciamos que, como se vuelve a demostrar con el auto que obliga a la reapertura, el Juzgado de Instrucción nº 6 Ceuta no estaría impulsando una investigación suficiente y efectiva, teniendo además en cuenta la extrema gravedad del caso, con al menos 14 personas muertas, y con posibles responsabilidades por parte de funcionarios del Estado. En este sentido, parte de la investigación recae hasta el momento en la Guardia Civil, quien a su vez sería la responsable del uso de los materiales anti disturbios que podrían haber causado las muertes. 

Por todo ello, como Observatorio DESC subrayamos la importancia de mantener la atención social respecto al proceso jurisdiccional de nuevo en marcha, que esperemos que sea capaz de determinar las responsabilidades existentes, algo que, a su vez, es una condición esencial para evitar que situaciones semejantes puedan volver a presentarse.