El grupo promotor de la ILP de Vivienda -PAH, Alianza contra la Pobreza Energética y Observatorio DESC; el secretario de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pie, y responsables de vivienda de diferentes ayuntamientos catalanes participaron, este 5 de octubre, en una mesa redonda, organizada por el Observatorio DESC con motivo del Día Mundial del Hábitat, para compartir puntos de vista, retos e inquietudes sobre la implementación de la ILP de Vivienda ante unas ochenta personas.

Según la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, que moderó el acto, era necesario un encuentro como éste, ya que la implementación de la ILP, convertida en la Ley 24/2015 después de su aprobación el mes de julio pasado, requiere el trabajo conjunto de todos los agentes implicados.

Carlos Macías, portavoz de la PAH y que participaba en nombre del Grupo Promotor de la ILP, pidió a las diferentes administraciones que se comprometieran con su aplicación: "Con la Ley 24/2015 tenemos mecanismos legales para dar respuesta a todos los desahucios, cortes de suministros y aumentar el parque público de alquiler haciendo corresponsables a los bancos, grandes tenedores y compañías suministradoras. Por fín tenemos una ley que nos da herramientas. Ahora se han de aplicar las medidas sin dudar, aprovechando su potencial para aplicarla del modo más garantista y preventivo posible".

Macías también destacó que Catalunya es la comunidad autónoma del Estado que más desahucia y que actualmente la mayoría de impagados son de alquiler. Además, se refirió a las nuevas obligaciones para las entidades y las administraciones que aporta la ley y los nuevos derechos que tienen los ciudadanos: derecho a una segunda oportunidad, al acabar con el sobreendeudamiento; la garantía de realojo digno a través de un alquiler social cuando el propietario sea un gran tenedor; ayudas al pago del alquiler cuando se trate de un pequeño tenedor; y la garantía de que no se cortarán los suministros sin pedir antes un informe a Servicios Sociales sobre la situación de la familia. Por otro lado, expresó el temor de estar "apelando a la buena voluntad de los propietarios, cuando estamos hablando de una ley. No apelamos a la buena vountad, sino que es obligatorio aplicar la ley".

El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, afirmó que "la Generalitat aplicará esta ley sí o sí. Este es nuestro compromiso". Destaco el trabajo hecho hasta el momento, como la guía de aplicación de la ley para los Ayuntamientos, elaborada con el grupo promotor, y la intención de crear nuevas guías para la ciudadanía y las entidades financieras y suministradoras. También se refirió a las próximas reuniones con colectivos como los administradores de fincas, notarios y registradores, trabajadores sociales y con miembros del mundo judicial.

Ante la demanda de Macías de contar con un censo de viviendas vacías -los últimos datos son del INE 2011, donde se indicaba que en Catalunya había 480.000 viviendas vacías- Sala indicó que la Generalitat tiene un registro con 45,000 viviendas, que se encuentra a disposición de los ayuntamientos.

Abel Pie, presidente del Consejo de la Abogacía de Catalunya (CICAC), se mostró interesado en formar parte de cualquier comisión de seguimiento de la ley, "que ha de crecer y evolucionar, y cuando se ponga en práctica, se conocerán sus carencias. Estamos encantados de poder colaborar. Pese a que tengamos clientes en ambos lados, las personas están por encima de todo".

Pie también explicó la colaboración del CICA en la elaboración de la ILP: "El Parlament nos pidió opinión, y apuntamos dos aspectos para mejorarla. Por un lado, tener en cuenta los casos en que los padres han avalado a los hijos y estos resuelven su situación pero la entidad tiene aún el derecho contra los padres. Por el otro, definir la actuación ante los fondos buitre: vemos que las entidades, para invertir, compraban viviendas a precios muy bajos, así que reclamamos que el anterior propietario también pudiera comprarlo por el mismo importe”.

Los representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Sabadell, Terrassa y Ripollet explicaron su posición sobre la implementación de lal ley, expresando las inquietudes ante la falta de recursos. Josep M. Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, alabó la ley pero reclamó financiación para aplicarla. También informó sobre las medidas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, presentadas este mes de septiembre.

Lluïsa Melgares, concejal de Políticas Sociales de Vivienda del Ayuntamiento de Terrassa, valoró que “se haya hecho un paso muy grande al convertir la vivienda en un derecho y no tanto un objeto de especulación”. Lamentó que haya pisos vacíos que no tienen los mínimos de habitabilidad: “Las entidades cerraron las puertas y no hay salubridad”. Carles Sala le comunicó que la Generalitat agradecerá conocer estos casos a través de notificaciones y denuncias, indicando que las viviendas que, una vez vacías no tengan las condiciones de habitabilidad, pasan a ser otra situación susceptible de sanción para el propietario. Melgares explicó también la dificultad de su ayuntamiento para ofrecer pisos en los casos en que los propietarios on pequeños tenedores, por las carencias en el parque de vivienda.

La ciudad de Sabadell, según el concejal de Urbanismo, Sostenibilidad y Gestóin de Ecosistemas y de Vivienda, Matíes Serracant, tampoco puede afrontar la situación de las familias con riesgo de ser desahuciadas: “Aún hay familias que van a parar a pensiones. Tenemos un reto importante porque el parque público de vivienda no puede hacer frente a estas necesidades”. Para Serracant, “este cambio legislativo llega años tarde, pero tenemos una oportunidad fantástica a través de la aplicación de la ley para hacer pasos adelante. Tenemos que ir más allá, no solo hacer un cambio de normativa, sino explorar el modelo urbanístico que nos ha traído hasta aquí”.

Reyes Muñoz, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ripollet, presentó su municipio como un caso diferente al resto, por las menores dimensiones y recursos: “Ripollet no tiene ninguna oficina de Vivienda, ningún censo. Ahora hemos creado un departamento de vivienda y hemos movido un trabajador para que empiece a gestionarlo y crear nuestro modelo. Trabajará desde Servicios Sociales, con las trabajadoras sociales, que son las que tienen la primera información”.

Ante las constantes menciones de los ponentes a la necesidad de contar con los departamentos de Servicios Sociales y la preocupación del grupo promotor de no saturarlos más con la implementación de la ley, las primeras intervenciones del público fueron a cargo de representantes sindicales y del Colegio de Trabajo Social. Mercè Civit, por ejemplo, se quejó del colapso que sufren: “Los trabajadores sociales somos la trinchera adonde van a parar los casos con más dificultades. Los Servicios Sociales no pueden hacer su función porque están haciendo gestiones e informes todo el día. Todo esto, a la larga, lo pagaremos. Apagamos fuegos pero nunca hacemos prevención”.

Vanesa Valiño, asesora de Vivienda de Josep Maria Montaner, también intervino desde el público para reclamar un debate más de fondo: “¿Qué recursos hacen falta -también humanos, no solo económicos- para que esta ley no se convierta en papel mojado? Obviar que no se puede hacer política de Vivienda sin inversión pública es un contrasentido”, afirmó reclamando más recursos.

La última intervención del público fue a cargo de Guillem Domingo, miembro de la PAH, que pidió no “pasarse la pelota de unos actores a los otros y centrarse en concretar medidas de choque para aplicar la ley desde el primer día”.