El pasado jueves 17 de mayo, el Observatori DESC, la Coalición Internacional para la Vivienda (HIC) i la Plataforma Global para el Derecho a la Ciudad organziaron la segunda sesión de la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la ciudad que contó con la presencia de diferentes expertos de Berlín, París y Barcelona. La conferencia, celebrada en la Lleieltat Santsenca, se estructuró alrededor de la subidas de precios del alquiler, su impacto sobre el derecho a la ciudad y una vivienda digna y asequible, así como los mecanismos y experiencias que pueden revertir esta crisis habitacional que sufrimos tanto en el Norte como en el Sur Global.

Os compartimos un breve resumen de las intervenciones, tal y como hicimos con la primera sesión que se celebró el pasado jueves 10 de mayo en el Patio Manning:

Grischa Dallmer, del Sindicato de Inquilinos de Berlín, introdujo la crisis habitacional de la capital berlinesa, donde desde 2007 hay una escasez de vivienda y un incremento progresivo de los precios de alquiler. “El cambio fue tan rápido, que la gente se despertó”, dice el activista en referencia a la gran movilización que ha servido también para reflexionar sobre otros ámbitos sociales como la solidaridad con los refugiados. Ante esta situación, el gobierno alemán aprobó el ‘Mietpreisbremse’ (literalmente, freno al precio del alquiler) en 2015, pero ha funcionado? Como freno de precios no, porque no ha conseguido detenerlos y porque es un reflejo del mercado que legitima las subidas de precios, dijo el alemán. Además, explica que no ha sido tan eficaz como se pensaba en un principio porque la ley permite un 10% de incremento sobre el precio del alquiler, por el número de excepciones y porque al final es el inquilino quien debe preguntar al propietario cuanto pagaban los anteriores inquilinos. Así, en una ciudad donde encontrar piso es una odisea, no es fácil encontrar el coraje para preguntar y denunciar a quien será tu futuro casero. Ante la necesidad de buscar alternativas, Grischa explica que desde la sociedad civil en Berlín se reclama el aumento del parque público de vivienda  desde una iniciativa visionaria en que las entidades comunales y las empresas privadas se unen para construir y gestionar las viviendas. En sus propias palabras, “que la ciudad se construya a sí misma para todos los ciudadanos”.

Ian Brossat, regidor de vivienda del Ayuntamiento de París, también compartió su experiencia ante la escasez de vivienda y la subida monstruosa de los precios de alquiler. Explicó que la primera línea de actuación fue el aumento del parque público de vivienda que pasó del 13% al 21% entre 2001 y 2018, gracias al compromiso de todas las fuerzas de izquierdas del Ayuntamiento. Este incremento vertiginoso fue en gran medida consecuencia de obligar a destinar el 30% del suelo construido por los promotores en vivienda social, una propuesta impulsada aquí también por el Observatori DESC, la PAH y el Sindicato de Inquilinos, entre otros, y aprobado por la mayoría de grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona. Por mucho que se aumentó la oferta de viviendas en París, los precios siguieron subiendo, haciendo evidente la necesidad de crear un mecanismo de control de los precios, pues “si no hay acción de los poderes públicos sobre el mercado, los precios suben y las ciudades dejan de ser habitables”. Así, durante el mandato de Fraçois Hollande, se aprobó una regulación “muy prudente, pues se podría haber imaginado una ley que pusiera en cuestión los propios precios del mercado”, No obstante, después de años y años con incrementos continuados, entre el 2015 y el 2017 los  alquileres se estabilizaron, demostrando que la regulación de precios puede alcanzar su objetivo, incluso cuando es un reflejo del mercado. Desafortunadamente, la medida se encuentra actualmente suspendida por la presión del sector privado y hasta el próximo otoño no se espera volver a contar con un instrumento similar en vigor.

Con perspectiva barcelonesa, Anna Vergès. Del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, fue muy clara ante la pregunta de qué medidas hacen falta para contrarestar la subida de precios: “el Observatorio es en si una medida, pues lo que no se mide, empeora”. En este sentido, el órgano, creado en 2017 y de la que forman parte el Ayuntamiento de Barcelona, l’Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat, ha sido capaz de dibujar con claridad los contornos de la problemática de la vivienda con datos concretos, como que el 16% de la población en Barcelona vive con un sobrecoste de la vivienda igual o superior al 40%. Vergès también hizo valoraciones relativas al nuevo índice de referencia de precios de alquiler que gestiona la Agencia de Vivienda de Cataluña, recordando que es muy diferente diseñar índices para frenar un mercado que indicadores para reflejarlo.

En el cierre de la conferencia, Irene Sabaté, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, puso en contexto la situación de los alquileres en Barcelona, un ‘tomas o lo dejas’ llegados a la renovación del contrato, en contraposición a la legislación de países más protectores como Francia o Alemania. En cuanto al control de precios, dijo que actualmente sigue siendo un tabú y que, curiosamente, en un país donde tenemos muy asumido que el precio de las medicinas debe estar regulado, no pase lo mismo con la vivienda. En referencia a los argumentos contrarios al control sobre precios, comentó que estos no son ni científicos ni empíricos, como los suyos, pues al final se trata de decidir qué función prima sobre la vivienda, la especulativa o la social. Además, explicó que no hay evidencias que demuestren que la oferta disminuye al regularse el mercado y, sin embargo, sí ocurre en el caso contrario. Por ejemplo, en la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que llevaba por título “medidas para la flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas”, no consiguió dicho objetivo. Por último, dijo que el índice catalán es un reflejo del mercado, legitimando las subidas de precios. Por eso, desde el Sindicato de Inquilinos proponen la inclusión de variables sociales como el nivel de precariedad para determinar la renta.

La segunda sesión de la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Ciudad puso de relieve las experiencias y mecanismos de control en las ciudades de París y Berlín, demostrando las dificultades jurídicas y políticas de poner freno al mercado. En este sentido, fue interesante observar como todos los participantes coincidieron en la necesidad de controlar el mercado para garantizar el derecho a la vivienda, pero también en que por si sola, la medida aislada, es insuficiente.