Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1995 por el Estado español.
El Tratado permite a los inversores denunciar a los Estados y reclamar sumas astronómicas si consideran que sus leyes han disminuido sus beneficios económicos presentes o futuros.
