El Observatorio DESCA hacemos público hoy el resumen de dos informes que avalan la posibilidad de restringir la compra de vivienda a personas no-residentes para evitar la especulación inmobiliaria para uso no residencial y especulativo (segundas y terceras residencias de lujo, pisos turísticos, etc.) en España. Los informes han analizado los casos del traspaso de pisos desde el mercado residencial hacia el mercado turístico, provocando la expulsión de residentes sea por la carencia de oferta y el incremento del precio asociado. 

Durante el periodo más crudo de la pandemia -del 2020 al 2021- se disparó la compraventa de viviendas por parte de no residentes en las Baleares y Canarias un 93% y un 61% respectivamente; el 2022 a las dos islas más de un tercio de las transacciones eran de compradores internacionales. En paralelo, los precios de los alquileres siguen desbocados en todo el estado; menos familias pueden pensar al comprar una vivienda y cada día son desahuciadas familias de casa suya. Este fenómeno hace años que se está produciendo aquí y en otras localidades como Málaga, Valencia y Cataluña, y supone una grave vulneración del derecho a la vivienda -la mayor parte de las familias residentes no pueden asumir los 1.200 € de alquiler medio en ciudades como Barcelona- y es uno de los motivos que han impulsado las recientes oleadas de protestas en todo el Estado, empezando precisamente por los dos territorios insulares, y que en Cataluña se han convocado para el próximo 6 de julio en Barcelona y Girona.

Los informes constan de tres partes: en primer lugar, hacen una compilación de datos estadísticos oficiales del mercado de vivienda, la exclusión residencial y la construcción de vivienda que exponen la problemática actual de carencia de acceso en la vivienda por parte de la población residente en las islas; en ambos casos se apunta al hecho que este incremento se explica por el aumento de la compraventa de vivienda por parte de no residentes -los cuales disponen de mayores ingresos- y por la acción de inversores para hacer alquiler de temporada/turístico. En segundo lugar, apuntan una serie de medidas similares que se han aplicado en otros países, tanto de la Unión Europea como de fuera. Entre ellos destacan Canadá, que puso en marcha el 2022 una restricción de compra a personas y empresas -y que se alargará hasta el 2027-, algunos municipios de Países Bajos que han puesto limitaciones a la compra de vivienda y Singapur y Alemania, donde se han aplicado mayores impuestos a la propiedad no residente. Finalmente, como elemento clave de los informes, se incluye una valoración jurídica que asegura que esta medida puede encajar en las normativas europea y estatal, puesto que hay numerosas sentencias judiciales que supeditan el derecho a la propiedad privada a la necesidad de garantizar otros derechos como el acceso a una vivienda, la defensa del medio ambiente y el territorio, entre otros, en pro del interés general. 

Respecto a la fórmula para aprobar esta restricción, los informes explican que hay varias alternativas, a pesar de que la más sencilla sería que el Congreso apruebe una ley con las bases que permita a las diferentes comunidades autónomas aplicar y desarrollar esta medida, tal como se ha hecho con la Ley por el Derecho a la Vivienda y el control de precios de alquiler -que se aprobó hace poco más de un año y que recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado en su práctica totalidad.

Turismo, vivienda y la defensa del medio ambiente

Si bien el principal objetivo de aplicar esta medida es la de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda en toda la población, también hay que tener en cuenta que la prohibición de compra de viviendas por parte de no residentes tiene efectos en otros ámbitos como puede ser la ordenación territorial y la protección del medio ambiente. En este sentido, la medida de prohibición de compra de viviendas por parte de no residentes se podría presentar como una medida complementaria a las medidas normativas de suspensión de nuevas licencias hoteleras o de los pisos turísticos, aprobadas por diferentes autonomías o en el ámbito local (por ejemplo, el Plan Especial Urbanístico para la Regulación de los Establecimientos de Alojamiento Turístico (PEUAT) de Barcelona, el Decreto Ley, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo en las Islas Baleares, el Decreto Ley catalán 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico), que también tienen como objetivos complementarios la lucha contra la crisis climática, el mantenimiento del equilibrio sobre los recursos naturales y medioambientales, así como la correcta correlación entre la población flotante y la demanda de recursos hídricos y energéticos.

Hace años que las luchas sociales han alertado sobre la acción especulativa que tiene como objeto la adquisición del parque de vivienda por parte de actores internacionales como los fondos de inversión -también conocidos como fondo buitre-, que destinan los inmuebles a usos turísticos, vivienda de lujo o bien como inversión rentable, y que se traducen en unos efectos nefastos sobre el derecho a la vivienda de las personas residentes en las ciudades, como en el caso de Barcelona. El Gobierno español anunció hace unos meses la derogación de las conocidas como las Golden Visa (la concesión de un visado a aquellas personas no residentes en la UE que realicen una inversión inmobiliaria a partir de los 500.000 euros) que ya de por si se trata de una medida insuficiente -dado que la dinámica especulativa se produce por otras vías- y que además no se ha llegado a producir por la paralización de la Ley del Suelo del PSOE en el Congreso de los Diputados. 

Así mismo, las diferentes asociaciones vecinales han puesto sobre la mesa el impacto de la turistización en el espacio público, así como en el tejido económico y social en los barrios, tal como se está viendo con la celebración en Barcelona de la 37ª edición de la Copa América. En paralelo, los movimientos ecologistas de los territorios más saturados han advertido sobre la degradación de los entornos naturales fruto de esta masificación y sobreexplotación de los recursos, como es el caso del Mar Menor en Murcia y muchos otros. No es ninguna casualidad que la cadena de protestas de los últimos meses en diferentes ciudades insulares y de la costa mediterránea hayan sido impulsadas por alianzas entre movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, el ecologismo y contra la turistización.