Memoria 2013
En 2013 ha sido sin lugar a dudas un año provechoso en términos de objetivos conseguidos. La profundización de la crisis económica y los nuevos recortes de derechos sociales, lejos de silenciarnos, han intensificado nuestro trabajo. Así, por un lado, se ha dado continuidad al trabajo en materia de derechos sociales y derecho a la vivienda a través de cursos, seminarios y campañas de incidencia política. Para hacerlo, como es habitual, los cursos se han adaptado a la realidad concreta del momento. Este es el caso, por ejemplo, de la 8ª Edición del Curso de Derechos Sociales que, aprovechando la llegada de las elecciones europeas, se ha dedicado a abordar la disyuntiva: "Europa, democracia o deuda" .
En el ámbito de la vivienda gran parte de los esfuerzos se han concentrado en la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y el alquiler social a través de la cual se ha logrado denunciar la vulneración del derecho a la vivienda que supone la legislación hipotecaria y ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma legislativa que otorgue una segunda oportunidad a las personas afectadas. Sin perder de vista la crisis hipotecaria, también se han denunciado "los otros desahucios", es decir, los desahucios por impago de alquiler y la contradicción que supone en el actual contexto de crisis la reforma de la legislación de arrendamientos urbanos operada a través de la Ley 4/2013 de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda. Una reforma concebida para "dinamizar el mercado de alquiler" que debilita la posición de los inquilinos y criminaliza todos los impagos, sin discriminar entre impagos por causas sobrevenidas.
Por otro lado, sin embargo, la profundización de la crisis nos ha impulsado a denunciar otras problemáticas y a impulsar nuevas líneas de actuación. En concreto, este año hemos iniciado una línea de intervención en materia de derecho a la alimentación y una nueva estrategia de incidencia política, el litigio estratégico. El trabajo en alimentación tiene el objetivo de analizar el incremento de la pobreza alimentaria en Cataluña y en el resto del estado en términos de derechos. Es decir, valorar en qué medida las administraciones públicas garantizan el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a los alimentos adecuados. Con el litigio estratégico, finalmente, queremos denunciar casos emblemáticos de vulneración de derechos en la esfera judicial. Para poner manos a la obra, en mayo pasado hacíamos pública la querella contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, por presuntos delitos de evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
