El anuncio de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda demuestra que el gobierno de Cataluña dispone de competencias para movilizar los pisos vacíos propiedad de la banca hacia el alquiler social así como para parar la compra masiva de inmuebles por parte de fondo buitres.

La medida, sin embargo, tendrá un efecto muy limitado puesto que no afronta la problemática creciente de los desahucios.

En realidad, las “medidas de urgencia” que prevé el Gobierno forman parte de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 y por lo tanto podrían haberse aplicado hace más de 7 años.

Ante la inminente aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética solicitamos al Gobierno una reunión urgente para conocer los detalles y poder así participar de manera informada en la elaboración de las propuestas.

La ILP de Vivienda reivindica la necesidad de promover medidas urgentes a la altura de la situación de emergencia habitacional en Cataluña. Esto significa por un lado intervenir en el parque parado, casi 500.000 pisos en Cataluña, y de otra parar los desalojos ya sean hipotecarios o por impago de alquiler e impedir los cortes de suministros.

La PAH y el Observatorio DESC hemos denunciado en numerosas ocasiones la pasividad del gobierno ante la adquisición por parte de fondo buitres de inmuebles a precios de saldo que fácilmente podrían pasar a formar parte del parque de viviendas sociales. Las dos entidades hemos reiterado la posibilidad de las administraciones de parar estas operaciones en zonas de alta demanda residencial ejerciendo el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Vivienda de 2007. El anuncio del gobierno, sin embargo, llega tarde puesto que los bancos se han deshecho de una parte importante de los pisos y solares de que disponían. Nos preocupa también que las políticas de ajuste limiten la capacidad de intervenir de forma decidida. A la vez, queremos aprovechar para recordar que la propia Generalitat está malvendiendo patrimonio público a fondo buitres.

En cuanto a la propuesta de creación de un Registro de Pisos Vacíos mencionar que para que este tenga sentido hace falta que incorpore todas las viviendas vacíos, empezando por las que son propiedad de bancos y fondos buitres con independencia de si provienen o no de un proceso de ejecución hipotecaria. El Gobierno no puede obviar los centenares de pisos vacíos en manos de promotoras y fondos buitres que ni siquiera se han llegado a comercializar, o el despropósito que supone la concentración de pisos vacíos por parte de la SAREB.

De hecho, el grueso de medidas que efectivamente podrían hacer frente a la situación de emergencia habitacional están previstas en la ILP de Vivienda que inició el trámite al Parlamento el pasado mes de julio de 2014. Una ILP que cuenta ya con el apoyo de más de 40.000 firmas.

Con el anuncio de este Decreto Ley el Gobierno reconoce lo que la ciudadanía hace años que clama. Hoy se puede acabar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda mediante la expropiación del usufructo de los miles de pisos vacíos que hay en Cataluña en manos de entidades financieras, inmobiliarias y grandes propietarios. Para hacerlo, sin embargo, no será suficiente con medidas impulsadas desde arriba que no cuentan con la participación activa de la ciudadanía organizada. Sabemos que hoy se puede, y se tiene que hacer.