El Observatorio DESC, Educación para la Acción Crítica (EdPAC-Gidhs) y Entrepueblos presentan el informe sobre el derecho a la alimentación adecuada el próximo miércoles día 10 de diciembre en la sala de conferencias del Centro Cívico del Pati Llimona de Barcelona (C/ Regomir 3, metro L4, Jaume I). Asistirán personas que han colaborado en el proceso participativo del informe, como Albert Sales, Jaume Saura, Montse Benito o Jordi Foix.

El informe destaca, en primer lugar, la actual situación de desempleo y empobrecimiento en Cataluña (casi un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza), consecuencia de la crisis y los recortes en el ámbito social, que hace que muchas familias vean vulnerado su derecho a la alimentación. Las rentas más bajas han caído un 46,6% en los últimos años, y entre 2011 y 2013 se denegaron 37.000 solicitudes de la Renta Mínima de Inserción. Al mismo tiempo, la Generalitat disminuía en 2 millones el presupuesto para las becas comedor en 2012, mientras que 50.000 niños no podían comer carne o pescado cada dos días y 2.800 tenían déficits alimentarios, según el informe del Síndic de Greuges del año siguiente. La aplicación de estas medidas regresivas supone un incumplimiento importante de los compromisos adquiridos a nivel internacional.

En este sentido, el informe también analiza el derecho a una alimentación adecuada como derecho humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales que el Estado español ha ratificado, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos compromisos generan obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos que reconocen.

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. Recomienda abordar las causas estructurales de la malnutrición de forma integral y no centrarse de forma exclusiva en enfoques asistencialistas y paliativos, a menudo externalizados en organizaciones del tercer sector como los bancos de alimentos o los comedores sociales. Es necesario un desarrollo legislativo que vele por el derecho a la alimentación y medidas políticas que vayan más allá de la calidad y la comercialización de los alimentos y tengan un enfoque de derechos humanos.

Es por ello que se presentan también propuestas como una apuesta por el sistema agroalimentario catalán a través, por ejemplo, del autoconsumo de alimentos mediante la horticultura en el espacio urbano y los comedores escolares ecológicos en las escuelas, que ofrecen una dieta saludable y equilibrada a la vez que favorecen el sector agrario. Asimismo, es necesario el rediseño de políticas integrales que tengan en cuenta todo el ciclo del sistema alimentario, la producción, distribución y consumo de alimentos. Por un lado, facilitando el acceso a la tierra para las personas que quieren producir, recuperando tejido productivo local para la pequeña y mediana producción, facilitando que la ayuda alimentaria se gestione de forma descentralizada. Por otra parte, el cambio mediante criterios de proximidad en la compra pública también permitiría fortalecer los mercados sociales.

Las más de 50 entrevistas realizadas tanto a actores institucionales, académicos especializados en materia de derechos humanos, organizaciones sociales, así como a las mismas personas afectadas en dos distritos de la ciudad de Barcelona (Nou Barris y Ciutat Vella), han permitido sortear la ausencia de datos oficiales y el silencio respecto a la problemática alimentaria por parte del Gobierno. Se identifica una falta de protocolos y por tanto diagnósticos de las necesidades en este ámbito, así como descoordinación e insuficiencias a nivel organizacional y de recursos.