En setiembre de 2016, el gobierno de la Generalitat se comprometió a ceder las viviendas intestadas que recibiera a entidades sociales para paliar la crisis habitacional en Cataluña. Así se publicó en la prensa, se formalizó con el tercer sector y hasta se comprometió la ex- Consejera de gobernación, administraciones públicas y vivienda, Mertixell Borràs, en una reunión con el Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda y pobreza energética.

Sin embargo, el pasado 2 de mayo la Generalitat publicó el anuncio de subasta pública de 47 inmuebles procedentes de herencias intestadas, que representan 2 edificios enteros y 25 viviendas. La subasta a día de hoy sigue vigente. Por ello, desde el Observatorio DESC consideramos que la venta de inmuebles está injustificada y es inadmisible cuando, solo en Barcelona, tenemos 36.000 solicitantes de vivienda pública y 10 desahucios diarios. Apoyo a los colectivos Resistim el Gòtic i el Sindicat de Barri de Poblesec que denuncian la situación y buscan paralizar la subasta.

Las denuncias contra la subasta de la Generalitat coinciden con la reciente sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid en que se deja sin efectos la adjudicación y la venta de 2.935 viviendas entre el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y un fondo buitre, Azora Gestión S.A., en 2013.  En la resolución se pone de relieve la falta de justificación de la subasta atendiendo a que la función principal de IVIMA es la promoción  y el aprovechamiento de vivienda pública en Madrid. Por ello, la venta de la mayor parte de sus inmuebles no estaría justificada al ser contraria a su  tarea principal, garantizando la vivienda digna y asequible a las personas que más lo necesitan. Así lo ha denunciado incluso el Comité DESC de las Naciones Unidas en su dictamen de junio de 2016. Este panorama permite dibujar paralelismos con el caso de la subasta de la Generalitat, pues esta ostenta competencia en materia de vivienda y, por lo tanto, la venta de inmuebles en el contexto de una crisis de vivienda iría en contra de sus deberes y, sobretodo, en contra del derecho a la vivienda de sus ciudadanos.