El pasado jueves día 1 y viernes día 2 tuvo lugar el III Congreso de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía Catalana en Terrassa. Con el título "La justiciabilidad como garantía de los derechos sociales", tuvieron lugar diferentes ponencias y talleres que ponían sobre la mesa la importancia del uso del derecho internacional de los derechos humanos en la defensa de los derechos de las personas.

Tras la presentación a cargo del presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, el alcalde de Terrassa, y el Síndic de Greuges, tuvieron lugar tres intervenciones en el marco general de la exigibilidad de los DESCA. La primera, de la Sra. Maria Carmen Salcedo de la Universidad de Valencia, destacaba la potencialidad de utilizar la Carta Social Europea en la fundamentación de los argumentos jurídicos, en concreto en el derecho al trabajo. En segundo lugar, el Sr. Jordi Bonet de la Universidad de Barcelona hizo referencia a las medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como herramienta para defender los derechos sociales en conexión con otros derechos. Finalmente, la Sra. Anaïs Franquesa, abogada de derechos humanos, se centró en cómo el uso de instrumentos de derechos humanos regional e internacional

A continuación el presidente del Observatorio DESC, Marco Aparicio, presentó la Guía de Justiciabilidad de los Derechos Sociales, una publicación que pretende facilitar el uso de los derechos humanos en la abogacía. En la guía se recogen diferentes mecanismos de justiciabilidad para varios DESCA (derecho a la vivienda, a la cultura, al trabajo, a la salud ...). En breve se publicará la guía, que podrá consultarse también online.

Por la tarde se desarrollaron talleres simultáneos sobre diferentes temáticas. Irene Escorihuela, Directora del Observatorio DESC, coordinó el taller de derecho a la vivienda y suministros básicos, con herramientas prácticas para invocar el derecho internacional en procedimientos tales como ejecuciones hipotecarias o desahucios por impago de alquiler, pero también explorando posibilidades y dificultades desde las asociaciones y las administraciones locales mediante la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Celebramos que desde la abogacía catalana se haga un paso adelante para defender los derechos sociales y se empiecen a invocar estándares internacionales de derechos humanos en los diferentes procedimientos en nuestro país. Asimismo, avanzar en el uso de instrumentos como las medidas cautelares o las quejas ante el Comité DESC.