El Observatorio DESC valora positivamente los avances de la comisión mixta de desahucios del Ayuntamiento y las políticas de vivienda que se presentaron este martes 19 en el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona, en el que participamos. En la sesión plenaria, el gobierno municipal hizo balance del trabajo realizado en el marco de los grupos de trabajo de la comisión mixta de desahucios, especialmente la aprobación del nuevo Reglamento de la Mesa de Emergencia y la revisión de los protocolos de actuación en caso de desahucios, poniendo en marcha la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) y el Servicio de Intermediación en Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO en catalán).

El nuevo Reglamento de la Mesa de Emergencia Social por pérdida de vivienda dará respuesta a algunas de las necesidades que hemos venido señalando los últimos años, así como la adaptación al nuevo marco legal de la Ley 24/2015. Además, celebramos que en el documento de trabajo definitivo del Reglamento de Emergencia, se haya eliminado el requisito de unos ingresos mínimos para los solicitantes, así como que se incluya entre los solicitantes a persones que están en situación de ocupación en precario.

Sin embargo, lamentamos que finalmente no se haya incluido, como posibles solicitantes de la Mesa de Emergencia, a las personas extrangeras sin permiso de residencia vigente. El Observatorio DESC presentó un informe al grupo de trabajo defendiendo la plena compatibilidad de su inclusión con el ordenamiento jurídico vigente, y mostrando el riesgo de que la situación de discriminación en que se encuentran, propiciada por la Ley de Extrangería, se vea agravada por las dificultades en el acceso normalizado a los servicios municipales. Por esta razón, pedimos al gobierno municipal que, en el caso que finalmente mantenga la exclusión de las personas en situación irregular de la Mesa de Emergencia, se comprometa a crear un circuito alternativo que de respuesta a las persones que se encuentren en riesgo de pérdidad de vivienda.

Desde el Observatorio DESC queremos hacer notar también las dificultades en que se encuentran muchas de las personas que viven en situación de emergencia habitacional para empadronar-se. En este sentido, el hecho de que el empadronamiento de todos los miembros del hogar continúe siendo un requisito de admisión en la Mesa, genera graves problemas para garantizar el derecho a un reaolojo digno y adecuado. Las dificultades para el empadronamiento las tienen sobre todo las familias que están alguilando habitaciones, ocupando en precario o en situaciones de infravivienda. En este sentido, valoramos positivamente el compromiso del gobierno para crear una comisión transversal que analice las dificultades para hacer efectivo el empadronamiento, con el objetivo que se garantice un acceso al registro municipal de todas las personas que viven en la ciudad de Barcelona.

Finalmente, queremos recordar que la Mesa de Emergencia es un recurso de urgencia ante situaciones de pérdida de vivienda. Por lo tanto, conviene dar respuesta a la situación de las persones en riesgo de exclusión residencial en el período de tiempo más breve posible, y en cualquier caso, en menos de los 6 meses de vigencia de la resolución estimatoria. Por este motivo, es fundamental avanzar en la movilización de pisos vacíos para ampliar el parque público de alquiler social con el objetivo de garantizar un realojo digno y adecuado.

Como entidad promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energétiva, consideramos muy positivo el compromiso y esfuerzo del Ayuntamiento de Barcelona para implementar la Ley 24/2015. En este sentido, la nueva Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) actuará de forma preventiva para para desahucios y ampliar el parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos, a partir de las herramientas que da la Ley 24/2015. Consideramos que es prioritari el trabajo de esta unidad para agilizar los procesos sancionadores de la administración, en prácticas irregulares como el incumplimiento de los grandes tenedores de vivienda de la obligación que tienen de ofrecer alquiler social. Es muy valiosa también la aportación de datos al respecto para poder hacer un seguimiento de la implementación de la ley.

Las medidas presentadas ayer resopnden a un compromiso renovado para hacer efectivo el derecho a la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Venimos de un modelo basado en la criminalización de la pobreza vinculada a la falta de vivienda y de la permisividad con las entidades financieras y grandes tenedores en el incumplimiento de la función social de la vivienda. Por lo tanto, es un gran paso el reconocimiento de la situación de emergencia habitacional existente en la ciudad, así como las nuevas medidas para implementar desde la administración unas nuevas herramientas ganadas desde la movilización social. La apuesta por el alquiler, la vivienda cooperativa y de otras formas de tenencia, así como por la función social de la vivienda, ha de ser un pilar de las políticas públicas en esta materia, así como la participación social en su diseño.

En esta línea, consideramos que el inicio del proceso participativo para elaborar el Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2026 ha de convertirse en el espacio donde forjar un nuevo modelo para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad, revirtiendo la situación de emergencia habitacional y promoviendo nuevas formas cooperativas de acceso a la vivienda.