La crisis económica-financiera ha sido utilizada para justificar una serie de reformas legislativas y de políticas de austeridad que suponen un incumplimiento de las obligaciones de España en materia de derechos sociales en general y del derecho a una alimentación adecuada en concreto.

Para denunciar esta situación, Educación para la Acción Crítica (EdPAC), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, el Observatorio de Derechos Humanos (DESC), Entrepobles, Espai Social i de Formació d’Arquitectura (ESFA), VSF Justicia Alimentaria Global, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya, Xarxa Consum Solidari y Associació Salut i Agroecologia (AsiA) presentaron el pasado 14 de junio un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El informe, elaborado a partir de 60 entrevistas a representantes institucionales, organizaciones sociales y personas afectadas por la crisis, recoge el especial impacto de la crisis en el derecho a una alimentación adecuada.

Desde 2008 se ha quintuplicado el número de personas desempleadas, alcanzando acerca de 6 millones de parados en España a finales de 2013. La política impulsada por las administraciones públicas, sin embargo, se ha traducido en recortes en la inversión pública destinada a atender las necesidades de la población en especial situación de vulnerabilidad, como las prestaciones por desempleo y las pensiones no contributivas. Según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, al menos tres millones de personas viven en condiciones de severa pobreza y no pueden asumir el coste de la cesta de la compra y se ven obligadas a recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos.

Cabe destacar el impacto diferencial entre hombres y mujeres que conlleva el desmantelamiento del tercer sector y la eliminación de los subsidios a la dependencia. Las administraciones han decidido prescindir de asumir, gestionar y afrontar la crisis de los cuidados (incluido el derecho a la alimentación), relegando su responsabilidad al ámbito privado y aumentando la carga en los hogares y especialmente en las mujeres dicha responsabilidad.

Tan solo en Cataluña la Cruz Roja ayudó en 2012 a 90.000 niños y niñas en riesgo de exclusión, un 37% más que en el año anterior. El riesgo de pobreza extrema en Cataluña ha aumentado más del doble con la crisis, de un 3,5% en 2006 a un 7,3% en 2011, siendo más de dos millones y medio de personas. Este incremento de la pobreza se debe a un brusco descenso de las rentas más bajas. En este contexto cabe recordar que las prestaciones sociales en Cataluña se encuentran en un momento crítico después que fueron recortadas en el verano de 2011.

En agosto de 2013 un informe del Síndic de Greuges de Catalunya alertaba que cerca de 50.000 niños y niñas catalanes no pueden comer carne o pescado al menos una vez cada dos días, o sea, no comen proteínas de manera regular. El informe señalaba: “no se puede decir que los niños en Cataluña pasen hambre pero si hemos constatado decenas de miles de casos de malnutrición infantil”.

La reducción de becas escolares es un punto crítico en cuanto a la garantía del derecho a una alimentación adecuada para los niños y las niñas en todo el estado español. En el caso de Cataluña, por ejemplo, entre el curso 2013-2014 y el curso 2009-2010 ha habido una reducción de becas que ha dejado fuera de esta prestación a 8.460 menores de edad.

Este retroceso en materia de alimentación contradice los compromisos asumidos por el Estado español a través del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a realizar los mayores esfuerzos y hasta el máximo de los recursos disponibles para implementar políticas que garanticen la protección del derecho a una alimentación adecuada, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad.

Para consultar el informe AQUÍ