Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la problemática de los desalojos y por la concentración de pisos vacíos. Según datos del poder judicial de los 61.189 desalojos que han ocurrido en Estado español en 2013, 16.108, es decir el 23%, han tenido lugar en Cataluña. A su vez, según el Instituto Nacional de Estadística de los 3 millones y medio de pisos desocupados, 448.356 se concentran en Cataluña, siendo la provincia de Barcelona una de las más afectadas.

Como denunciábamos en el Informe "Emergencia Habitacional en el estado español", elaborado cojuntamente entre el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muchas de estas viviendas vacías pertenecen a entidades financieras que a pesar de haber sido rescatadas con dinero público no han dudado en desalojar a las familias afectadas por la crisis. 

La abundante cantidad de viviendas vacías contrasta con el escaso número de viviendas accesibles en las que alojar a las familias afectadas. Así, según datos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat las viviendas de alquiler social tan sólo representan un 1% del parque habitacional - frente al 18% de que disponen los países del entorno europeo-. Por su parte, el mercado privado de alquiler resulta caro y altamente especulativo.  

La proliferación de pisos desocupados genera graves problemas a las comunidades de vecinos y en general de cohesión en los barrios. A su vez, la ausencia de viviendas adecuadas en las alojar de forma estable a las personas afectadas promueve situaciones de exclusión residencial propias de otras épocas. 

Los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España y por la Generalitat de Cataluña a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligan a garantizar el derecho a una vivienda digna y a evitar los desalojos que conlleven una situación de ausencia de vivienda,

La Constitución española, por su parte, reconoce el derecho a una vivienda digna vinculándolo a la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación. Además de combatir la especulación, la Constitución establece que los poderes públicos han de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerce de manera anti-social, y que toda la riqueza esté subordinada al interés general. En este mismo sentido se pronuncia la Ley por el Derecho a la Vivienda de Cataluña  cuando establece la obligación de los agentes públicos de impedir usos anómalos de la propiedad como la desocupación permanente de las viviendas, y determinar que la provisión de viviendas sociales representa un servicio de interés general.  

Es en este marco y dada la situación de emergencia habitacional, que la PAH y el Observatorio DESC han iniciado una campaña de aprobación de mociones municipales orientadas a mobilizar hacia el alquiler social las viviendas vacías propiedad de las entidades financeras.  

En concreto, la tarea del Observatorio consiste en promover la aplicación de las mociones por parte de los más de 100 ayuntamientos que gracias a la presión de la PAH han aprobado resoluciones en este sentido.

Para ello, por un lado, se están organizando jornadas en las que además de difundir la iniciativa, se resuelven las dudas jurídicas que plantea su aplicación. Así, el pasado 20 de marzo conjuntamente con el Ayuntamiento de Terrassa y bajo título “Cómo hacer frente a la carencia de vivienda social?” se dio a conocer la experiencia de Terrassa, - el primer ayuntamiento que ha iniciado expedientes sancionadores contra bancos -,  a más de 200 personas, entre técnicos municipales y activistas de la PAH. Y el próximo 20 de mayo, a lo largo de la mañana, junto con la Diputación de Girona se organiza un nuevo seminario esta vez dedicado principalmente a técnicos municipales de la provincia.

Por otro lado, más allá de organizar jornadas de formación, el Observatorio DESC está impulsando la aplicación de la moción a través de los ayuntamientos interesados y de los responsables de política municipal de los diferentes grupos políticos con representación territorial.

Finalmente, se está trabajando en la elaboración de una guía útil dirigida a los ayuntamientos interesados en aplicar de la moción.  La intención de la guía, más allá de resolver las principales dudas que plantea el procedimiento, es propiciar el contacto entre el Observatorio y las corporaciones locales interesadas en abordar la problemática.