Se acaba de hacer público el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, sobre las políticas de financiarización de la vivienda hoy imperantes. El informe se presentará oficialmente el próxim 29 de octubre  en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El informe repasa en qué han consistido las políticas de vivienda durante el último siglo y en particular en las últimas décadas, destacando el papel que ha tenido la vivienda en las políticas de desarrollo económico y el impulso de la propiedad privada como principal forma de tenencia en casi todo el mundo. La combinación de estos dos factores, junto con la internacionalización y la desregulación de la economía, ha traído a una fuerte financiarización de la vivienda.

A continuación, pasa a analizar las políticas actuales de financiarización de la vivienda, entre las que destaca el impulso de los mercados hipotecarios. La Relatora concluye que este paradigma, predominante en determinadas zonas del planeta, ha fracasado rotundamente respecto a la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría de la población, y en especial de los colectivos empobrecidos o en situación de vulnerabilidad.

Como ejemplo destacado, el informe recoge la situación del estado español, en el que la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios, junto con la carencia de un parque público de alquiler asequible y el impulso de la propiedad como forma de tenencia casi exclusiva, motivó primero una escalada sin precedentes en el precio de la vivienda, e inmediatamente después el sobreendeudamiento de las familias y los centenares de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se están produciendo desde el estallido de la burbuja. El informe también critica con dureza las políticas de austeridad y los rescates bancarios que no hacen otra cosa que empeorar la situación de la mayoría de la población.

Finalmente, en las recomendaciones finales la Relatora reclama la modificación del paradigma basado en la propiedad privada y la financiarización de la vivienda. Tal y como viene defendiendo el Observatorio DESC, la Relatora señala la necesidad de impulsar otras formas de tenencia, como el alquiler privado y público, con precios regulados y asequibles o la propiedad colectiva. También recuerda la necesidad de una regulación jurídica que dé seguridad en la tenencia, evitando los desahucios, y recuerda la obligación de los poderes públicos de proporcionar información además de evaluar de forma permanente sus políticas de vivienda, para poderlas ajustarlas cuando sea necesario.

Os aconsejamos la lectura de este informe, que sin perder la perspectiva global refleja la especial necesidad de repensar las políticas de vivienda implementadas en el el estado español.

Para acceder al informe AQUÍ