La última década ha hecho evidente una crisis de la vivienda con impactos graves a nuestros barrios, pueblos y ciudades. La emergencia habitacional ha generado una preocupación social alta y los desahucios han concentrado la atención y los recursos de gran parte de las políticas de vivienda, en especial de las administraciones locales. Muchos ayuntamientos han adaptado sus circuitos, organización y formas de intervención para evitar la pérdida de la vivienda habitual. Todo y los importantes esfuerzos de los Ayuntamientos, la limitación de recursos, la pandemia o la inflación, desbordan los servicios municipales. Durante el 2022, Cataluña ha liderado el alarmante ranking de desahucios diarios de todo el Estado, con 34 desahucios en el día -un 72% de alquiler- y con un crecimiento otras caras de la exclusión residencial, como son las ocupaciones de vivienda vacía, los alojamientos inseguros como fábricas o locales, además del sinhogarismo.

Los servicios para evitar los lanzamientos nacieron como respuesta al estallido de la crisis pero llegaron para quedarse. Así, ha nacido una nueva generación de innovadores dispositivos antidesahucios: el SIPHO en Barcelona (Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y/ Ocupaciones), el SIPER en El Prat (Servicio de Intervención y Prevención de la Exclusión Residencial), el SIPH en el Baix Llobregat (Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda) y a otros territorios, como Valencia, Bilbao, Córdoba o Cádiz. Por su parte, la Generalitat y la Diputación crearon los servicios de Ofideute y los de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH).

Los servicios para evitar los lanzamientos nacieron como respuesta al estallido de la crisis pero llegaron para quedarse. Así ha nacido una nueva generación de innovadores dispositivos antidesahucios

Cataluña y el estado español tienen un sistema de vivienda que históricamente no ha apostado por la provisión robusta y estable de vivienda asequible. También se ha perdido parte importante de los recursos invertidos, por ejemplo a través de la descalificación de la vivienda de protección oficial y una apuesta -errónea- por la compra. Tan solo un 1,31% del parque residencial catalán era vivienda de protección oficial pública en 2021, datos que contrastan con las 84.442 personas en lista de espera del Registro de Solicitantes. A todo ello, hay que sumar la necesidad de conseguir vivienda social para las numerosas familias que son en mesas de emergencia o realojadas en pensiones y otros alojamientos temporales.

Además de acompañar las vecinas en riesgo de desahucio, aumentar el parque de vivienda asequible municipal es pues el segundo reto clave. Existe un consenso muy amplio -social, técnico, profesional, institucional y político- entorno la idea de que el camino del derecho a la vivienda pasa para poner en marcha hoy acciones estructurales que nos acerquen en un futuro en los países más avanzados en la materia.

No tener un techo impide construir un proyecto de vida digna: del derecho a la vivienda está gritado a ser el quinto pilar del estado del bienestar. Por este motivo, el Observatorio DESCA, un centro de derechos humanos que velatorio hace 25 años por la protección de los derechos fundamentales, convirtió en un eje central de su trabajo el derecho a la vivienda y el seguimiento de la exclusión residencial. 

Nuestra experiencia y trabajo en el campo de la vivienda tiene más de una década de solidez: tenemos un equipo profesional propio y expertas que colaboran. destaca la colaboración con movimientos sociales de referencia para evitar los desahucios, las recomendaciones a las instituciones en pro de unas políticas públicas y de un marco legal garantista, y el trabajo de consultoría con administraciones y profesionales que han puesto en marcha políticas innovadoras de vivienda. 

Para mayor información podéis consultar nuestra experiencia y propuestas en el catálogo de servicios del Área de Vivienda y Derecho en la Ciudad.