El Observatorio DESCA presentó el pasado sábado en Las Palmas de Gran Canaria un informe que avala la posibilidad de restringir la compra de vivienda a personas no-residentes para evitar la especulación inmobiliaria para uso no residencial y especulativo (segundas y terceras residencias de lujo, pisos turísticos, etc.) en España. Este informe, que se une al anteriormente hecho para las Islas Baleares ha analizado los casos del traspaso de pisos desde el mercado residencial hacia el mercado turístico, provocando la expulsión de residentes sea por la carencia de oferta y el incremento del precio asociado. El resumen ejecutivo de ambos informes está disponible aquí. 

Durante el periodo más crudo de la pandemia -del 2020 al 2021- se disparó la compraventa de viviendas por parte de no residentes en las Islas Canarias un 61%; en 2022 más de un tercio de las transacciones ya eran de compradores internacionales. En paralelo, los precios de los alquileres siguen desbocados en todo el estado; menos familias pueden pensar al comprar una vivienda y cada día son desahuciadas familias de su casa.  

El informe consta de tres partes: en primer lugar, hace una compilación de datos estadísticos oficiales del mercado de vivienda, la exclusión residencial y la construcción de vivienda que exponen la problemática actual de carencia de acceso en la vivienda por parte de la población residente en las islas; en ambos casos se apunta al hecho que este incremento se explica por el aumento de la compraventa de vivienda por parte de no residentes -los cuales disponen de mayores ingresos- y por la acción de inversores para hacer alquiler de temporada/turístico. En segundo lugar, apuntan una serie de medidas similares que se han aplicado en otros países, tanto de la Unión Europea como de fuera. Entre ellos destacan Canadá, que puso en marcha el 2022 una restricción de compra a personas y empresas -y que se alargará hasta el 2027-, algunos municipios de Países Bajos que han puesto limitaciones a la compra de vivienda y Singapur y Alemania, donde se han aplicado mayores impuestos a la propiedad no residente. Finalmente, como elemento clave de los informes, se incluye una valoración jurídica que asegura que esta medida puede encajar en las normativas europea y estatal, puesto que hay numerosas sentencias judiciales que supeditan el derecho a la propiedad privada a la necesidad de garantizar otros derechos como el acceso a una vivienda, la defensa del medio ambiente y el territorio, entre otros, en pro del interés general.  

Respecto a la fórmula para aprobar esta restricción, los informes explican que hay varias alternativas, a pesar de que la más sencilla sería que el Congreso apruebe una ley con las bases que permita a las diferentes comunidades autónomas aplicar y desarrollar esta medida, tal como se ha hecho con la Ley por el Derecho a la Vivienda y el control de precios de alquiler -que se aprobó hace poco más de un año y que recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado en su práctica totalidad. 

La presentación de este informe ha coincidido con el reciente anuncio del presidente del gobierno Pedro Sánchez, de aprobar una medida para restringir la compra de vivienda a personas no-residentes extracomunitarias. Desde el Observatori DESCA ya hemos explicado por qué la medida, tal y como está anunciado, tendrá unos efectos mucho más limitados. 

Reclamaciones de los movimientos sociales 

Hace años que las luchas sociales han alertado sobre la acción especulativa que tiene como objeto la adquisición del parque de vivienda por parte de actores internacionales como los fondos de inversión -también conocidos como fondo buitre-, que destinan los inmuebles a usos turísticos, vivienda de lujo o bien como inversión rentable, y que se traducen en unos efectos nefastos sobre el derecho a la vivienda de las personas residentes en las ciudades, como en el caso de Barcelona. Es por ello que medidas como esta forman parte de las reclamaciones de los movimientos sociales que se han organizado en diferentes territorios como Madrid, Málaga, Canarias, Valencia, Baleares y Cataluña.  

Junto a la presentación de dicha medida, desde el Observatori DESCA presentamos un segundo informe, Políticas municipales contra la emergencia habitacional, vinculado a las políticas públicas en materia de vivienda que se pueden desarrollar a nivel municipal desde Las Palmas de Gran Canaria. Medidas como la declaración de la ciudad como mercado residencial tensionado –para poder aplicar el control de rentas y la prórroga de los contratos de alquiler, la necesidad de establecer un Observatorio de Vivienda, un servicio de asesoramiento a las personas inquilinas, el aumento del parque público de vivienda, o la necesaria aprobación a nivel autonómico de una ley que permita a los municipios tensionados eliminar las viviendas turísticas, son algunas de las políticas públicas que fueron analizadas en el informe.  

En la misma línea que la medida de la limitación de la compraventa por parte de no residentes, la presentación de este informe ha coincidido con la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al gobierno autonómico de Canarias de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. A la espera de que el gobierno autonómico decida sobre la aprobación de la declaración, desde el Observatori DESCA recordamos la importancia de establecer medidas que a corto plazo respondan a la emergencia residencial de Canarias y protejan a los más de 30.000 hogares inquilinos de la capital gran canaria.  

Aprovechando la presentación del informe, desde el Observatori DESCA nos reunimos con activistas de Guanarteme Se Mueve para conocer de primera mano las reivindicaciones de uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que más están sufriendo la especulación y la gentrificación. En Guanarteme, antiguo barrio obrero situado frente a la Playa de Las Canteras y epicentro de las manifestaciones de ‘Canarias tiene un límite’, se observa la necesidad de establecer medidas urgentes para frenar y revertir los efectos de las viviendas turísticas, el aumento de los precios del alquiler, y la compra de viviendas por parte de personas no residentes y fondos extranjeros. Asimismo, la falta de una debida planificación urbana en un territorio limitado y frágil, recuerdan la conexión entre el ecologismo, la protección del territorio y la vivienda.