Esta mañana 16 organizaciones y entidades de la sociedad civil nos hemos unido ante la Casa Orsola, un emblemático bloque en lucha de Barcelona contra la especulación, para presentar públicamente un manifiesto con diez medidas concretas por el derecho a la vivienda digna y asequible en Cataluña que el nuevo gobierno y el Parlamento surgidos de las elecciones del 12 de mayo tienen que poner en marcha para cambiar la situación de emergencia habitacional que sufre el país. Actualmente, las dificultades generalizadas para acceder o mantener una vivienda digna y asequible son uno de los principales vectores de desigualdad de la sociedad catalana. La protección de este derecho fundamental no está garantizado y las organizaciones firmantes creemos que hemos llegado a una situación límite que hay que dejar atrás si queremos un futuro viable para nuestro país.

El modelo actual nos ha llevado a una situación de miseria y desigualdad insostenible en todos los sentidos. Sus efectos se han manifestado en la angustia de los desahucios, en la inseguridad de la carencia de hogar, en la pobreza energética en la cual viven miles de familias, en la normalización que haya personas viviendo en la calle mientras hay miles de viviendas vacías, en el miedo que sufre una gran parte de la población por no poder asumir el incremento del precio de la vivienda, en que las personas sin papeles sean excluidas del parque público de vivienda, en los costes crecientes e insostenibles a pagar el alquiler o hipoteca... Mientras tanto, se han ido poniendo parches en forma de políticas de vivienda totalmente insuficientes, un fracaso institucional que queremos denunciar sin tapujos y que hay que revertir como primera prioridad los próximos años.  

Es por eso que planteamos 10 medidas que no son meras conjeturas, sino políticas concretas y posibles que el próximo Gobierno de la Generalitat, junto con el Parlamento de la próxima legislatura y el resto de administraciones tienen que asumir y emprender:

1. Plan de Choque para acabar con el sinhogarismo y para reducir la vergonzosa lista de espera de las mesas de emergencia a cero, realojando en viviendas dignas y no en pensiones.
2. Lograr una inversión en políticas de vivienda del 2% del PIB y aumentar las viviendas públicas hasta poner la lista de 86.876 solicitantes a cero. 
3. Asegurar el acceso a los recursos públicos de vivienda a todas las personas migradas, actualmente excluidas, y sancionar a quienes ejercen el racismo inmobiliario.
4. Extender y consolidar en las ciudades catalanas las medidas como la reserva del 30% en nuevas construcciones y rehabilitaciones para generar vivienda de protección oficial en suelo urbano.
5. Sancionar los propietarios que incumplan las leyes de regulación de precios y alquiler social obligatorio. Poner en funcionamiento inmediatamente el decreto ley de alquileres de temporada y de habitaciones.
6. Hacer cumplir la Ley 24/2015 y todos los instrumentos que se deriven para garantizar el acceso universal al agua y la energía en toda la población.
7. Blindar el patrimonio público de vivienda, evitando su pérdida y recuperar las viviendas vacías (expropiación o cesión obligatoria gratuita) de los grandes tenedores y “fundes buitres” para alquileres sociales.
8. Implementar un programa ambicioso que aborde la despoblación, y facilite el arraigo en el entorno rural con actuaciones específicas e inversión en la garantía del derecho a la vivienda.
9. Prohibir el alquiler turístico mientras no esté garantizada la primera residencia en toda la población; y aplicación de medidas anti-especulativas y contra la expulsión residencial urbana y rural.
10. Impulso del cooperativismo de vivienda en cesión de uso y fórmulas con control comunitario, buscando la asequibilidad del modelo mediante inversión, financiación, medidas fiscales y legales. 

Los derechos no se pueden segmentar o aislar y el acceso a la vivienda es la puerta a otros derechos fundamentales. No tener vivienda implica no poder construir un proyecto de vida digna. Pedimos a los/las candidatas a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo a que escuchen y respondan ante la ciudadanía si las asumen o las rechazan.

La pluralidad de organizaciones que forman el movimiento por el derecho a la vivienda en Cataluña reclamamos un cambio urgente y necesario. Existe un consenso social muy amplio en esta dirección. Solo unos pocos defienden el statu quo, y solo porque nutren sus beneficios. Entre las 16 organizaciones o luchas de referencia firmantes se encuentran las PAH catalanas, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, el Observatorio DESCA, la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, la Sectorial de Vivienda Cooperativa de la Red de Economía Social (XES en catalán), Resistim al Gòtic, la Plataforma Regularización Ya!, Plataforma Stop Hard Rock, la Alianza contra la Pobreza Energética, Pirineu Viu, Las Kellys, la Plataforma en Defensa del Ebro, Ecologistas en Acción de Cataluña, Agua es Vida y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC).

Hagamos un llamamiento a toda la sociedad civil organizada para que se adhiera al manifiesto y haga difusión del mismo. 

Queremos vivir en una Cataluña con el derecho a la vivienda garantizada, ¡nos jugamos nuestro futuro!