En el día de hoy, hemos tenido noticia de que el Gobierno en funciones, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido el auto de imputación formal de los 16 miembros de la Guardia Civil que podrían haber contribuido por imprudencia a la muerte por ahogamiento de 15 jóvenes migrantes en la playa del Tarajal (Ceuta), en febrero de 2014. Según dicho auto judicial, además de dicha responsabilidad podría también concurrir un delito de omisión de socorro “a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital”.

Se trata de hechos sumamente graves, tratándose no solo de la muerte de 15 personas, sino además por tratarse de una actuación policial que, según la jueza, podría haber utilizado material de dispersión carente de justificación por falta de proporcionalidad.

A estas conclusiones ha llegado la jueza después de 5 años de obstáculos procesales para que avanzara la instrucción. Resulta preocupante que el la Abogacía del Estado se oponga a que se pueda esclarecer la existencia o no de responsabilidad penal con las debidas garantías y de valoración de las pruebas presentadas.

Sorprende aún más que, con base en la información recibida, uno de los argumentos presentados sea que “ningún migrante murió en el lado español del mar”, cuando los actos que se enjuician y que pudieron provocar la muerte de 15 migrantes fueron realizados en todo caso desde territorio español y, de modo indiciario, por los agentes de la Guardia Civil.

Nos encontramos ante un nuevo intento de obstaculizar la actuación de la justicia, esta vez de la mano de la Abogacía del Estado. Esperamos que la Audiencia Provincial desestime tanto su recurso como los de las defensas para lograr que no queden impunes los hechos.

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