Después de un año desde la declaración del estado de alarma por el covid-19, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda en Barcelona (O-HB) y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona -en colaboración con el Observatorio DESC- publican el informe State of Housing. Cataluña y Barcelona 2021, que elabora un primer análisis de los efectos de la pandemia sobre el mercado de la vivienda en Cataluña y Barcelona en comparación con otros países de la Unión Europea, en el marco del proyecto "Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana" financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio emula el informe homónimo editado por la Federación Europea de la Vivienda (Federation’s Housing Observatory), que muestra el estado del acceso a la vivienda en más de 20 países y ofrece recomendaciones en materia de políticas públicas para superar los retos estructurales del derecho a la vivienda.

Cataluña, el área metropolitana y Barcelona, por debajo de la media europea en vivienda social

La vivienda de alquiler social en Cataluña, el área metropolitana y Barcelona se sitúa por debajo de la media europea. Así lo demuestra el estudio State of Housing 2021. Cataluña y Barcelona, publicado por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB) en colaboración con el Observatorio DESC, y que describe la situación de Cataluña en temas de vivienda dentro del marco europeo.

Según el informe, esta cantidad escasa de viviendas de protección oficial se debe, en parte, al poco gasto en políticas públicas de vivienda. Durante el periodo 2000-2019, en España se ha dedicado un 0,06% del PIB, muy lejos del 0,5% del PIB que se destina, de media, en la Unión Europea. Por este motivo, apunta el informe, la capacidad de las administraciones para atender las situaciones de vulnerabilidad residencial –cada vez más numerosas y presentes, sobre todo, en personas que viven de alquiler– es muy limitada. A esto se suma una fuerte disparidad entre ingresos y los precios de la vivienda: en 20 años (periodo 2000-2020) el precio del alquiler en Cataluña se ha incrementado un 101,6%, tres veces más que los ingresos de las familias catalanas (33,6%).

La debilidad del sistema de vivienda catalán y español se hizo patente durante la situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Según el informe, la renta media en Cataluña disminuyó un 5,7% y la tasa de pobreza moderada aumentó más de 3 puntos el 2020 (del 19,5% al 23%). Esto obligó las administraciones a tomar medidas de contención como es el caso de la suspensión estatal de los desahucios, la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y las ayudas extraordinarias al alquiler por el coronavirus.

Estas medidas también se tomaron en países del sur de Europa, como Italia y Portugal -que tienen cifras de vivienda pública y gasto similares en España- mientras que a otros países del centro y norte, como Francia y Alemania, no fue necesario en buena parte porque disfrutan de políticas públicas de vivienda estructurales más desarrolladas.

Los Fondos Next Generation y retos pendientes

Según el informe, desde el año 2020 y hasta ahora se está produciendo un incremento muy notable en el gasto público destinado a políticas de vivienda, debido principalmente a los fondos excepcionales para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia y a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así, los presupuestos del Estado para el 2022 prevén una partida de 3.290 millones de euros a políticas de vivienda, siete veces más que el 2018. Por su parte, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2022 prevén un gasto en vivienda de 769,7 millones de euros (la mitad provenientes de los fondos NextGen), aproximadamente el doble que el 2020.

Para acabar, el informe apunta los retos pendientes en Cataluña y España en materia de vivienda y posibles mecanismos para solucionarlos, muchos de ellos ya incluidos, de forma más o menos desarrollada, en el Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda estatal, actualmente en trámite parlamentario: la calificación indefinida de la vivienda de protección oficial; más concreción de los derechos y deberes relacionados con la función social de la vivienda; el establecimiento de mecanismos de contención y disminución de los precios de alquiler; más implicación de los órganos judiciales en la hora de informar sobre los hogares vulnerables en procesos de desahucio; el impulso a la vivienda de alquiler social; y la implicación de los agentes privados con y sin ánimo de lucro en la generación de parque asequible, entre otros.