La ampliación de la ley catalana antidesahucios, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de marzo e impulsada desde las entidades sociales, empieza a dar resultados poco más de medio año después de la entrada en vigor. Gracias a la Ley 24/2015 y a la obligación de ofrecer alquileres sociales, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy un acuerdo con la SAREB en el cual la entidad se compromete a no desahuciar a aquellas familias vulnerables que cumplan los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la norma.

Así mismo, el acuerdo anunciado hoy incluye también regularizar la situación de 67 familias que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución a través de contratos de alquiler social acogiéndose a la Ley 24/2015, por lo cual tendrían que pagar una renta equivalente al 10%, el 12% o el 18% de sus ingresos. Además, el Ayuntamiento asegura que están estudiando la posibilidad de regularizar la situación de doscientas familias más en las próximas semanas. 

El acuerdo anunciado hoy en Barcelona sigue la estela de otros Ayuntamientos que los últimos meses han firmado alquileres sociales en base de la norma catalana. Exigimos que la SAREB extienda de forma inmediata los alquileres sociales a todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Cataluña. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, igual que pretenden hacer los fundes buitre a diario. ¡Hacemos un llamamiento a redoblar la presión sobre la SAREB para ganarle el pulso definitivamente!

La Sareb tiene que pasar a ser el parque de alquiler público que no tenemos

Está claro que todavía queda mucho para hacer: continuamos reclamando que la Sareb, que desde principios de año cuenta con la participación mayoritaria del Estado, ceda su patrimonio inmobiliario a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda que ahora mismo se mantiene alrededor del 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Así mismo, hoy en día siguen bloqueadas las negociaciones para salir adelante la Ley de Vivienda, puesto que el PSOE no acepta incluir medidas de mínimos, como devolver el rescate a los bancos en forma de vivienda pública de la SAREB o extender el alquiler social obligatorio en todo el Estado.

Las entidades impulsoras de la ley catalana antidesahucios tenemos claro que medidas como las anunciadas hoy son el resultado de varios años de presión sobre instituciones y partidos políticos para que éstos cumplan y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El esfuerzo de estas organizaciones y tantas otras del movimiento por una vivienda digna ha resultado en varias medidas como la ya citada ley, la regulación de precios del alquiler en Cataluña (ahora derogada por el Tribunal Constitucional) o la moratoria que suspende parte de los desahucios y permite prorrogar los contratos de alquiler durante la pandemia por COVID-19. La SAREB ha recibido también una presión social continuada con campañas como “La Sareb es nuestra”, “*Plan Sareb” y los centenares de personas desahuciadas que han sido realojadas en pisos o edificios vacíos por la Obra Social de la PAH y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Celebramos cada paso adelante conseguido porque son victorias para las personas y familias en riesgo de ser desahuciadas y resultado de años de lucha y presión a todos los niveles. A la vez, seguimos exigiendo soluciones inmediatas y generalizadas ¡para parar todos los desahucios y firmar miles de alquileres sociales, a la SAREB y a todos los grandes propietarios!