El pasado 15 de marzo, algunos medios de comunicación publicaron que se había presentado una denuncia ante Fiscalía que implica a nuestras entidades y se firma bajo la denominación de «Abogados catalanes por la Constitución», una entidad vinculada a Sociedad Civil Catalana y a los grandes poderes económicos, que hace uso del poder judicial para perjudicar a sus adversarios políticos.

Sobre los hechos que se denuncian

La denuncia atribuye posibles delitos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la concejala Laura Pérez, las exconcejalas Laia Ortiz y Gala Pin y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, en relación con un convenio de colaboración que se desarrolla desde 2012 ‒por lo tanto, previo a la llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento‒ y que está justificado y auditado anualmente.

Al igual que en otras ocasiones, como entidades que trabajamos en la defensa de los derechos sociales, nos preguntamos si vale la pena dirigir algún tipo de esfuerzo en responder una acción carente de una mínima razonabilidad jurídica y, en consecuencia, de una mínima actitud ética. Ahora bien, la novedad esta vez es el medio que se utiliza: ya no estamos ante una información aislada, no contrastada y posteriormente difundida por redes o por algún diario, sino que el ruido se quiere crear a través de acusaciones graves de tipo penal, podríamos decir haciendo uso del lawfare. Sea como sea, nos limitaremos una vez más a exponer una sencilla explicación que, en condiciones normales, debería servir para agotar el recorrido de este tipo de actuaciones.

No es la primera vez que estas campañas políticas de desprestigio, a menudo orquestadas por los lobbies económicos, ensucian la labor de defensa de derechos que hacemos las entidades de derechos humanos. Más allá del evidente ataque político al Ayuntamiento de Barcelona, esta denuncia, 9 años después del inicio del proyecto, no la podemos desligar de la tarea de las entidades abajo firmantes y otros colectivos en defensa de la vivienda y la energía. Es evidente que se quiere coartar el trabajo de los movimientos sociales que luchan por garantizar derechos para todas.

Nuestro papel como organizaciones de defensa de los derechos humanos

Esta vez han sido cuatro las entidades sociales a las que se pretende perjudicar. El Observatorio DESC es una organización con más de 20 años de vida, que es internacionalmente reconocida por la valía de su labor en defensa de los derechos humanos en general y de los derechos sociales en particular. En el marco de esta trayectoria, el año 2012, durante el mandato de Xavier Trias (CiU), el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un convenio de colaboración que ha sido reeditado hasta llegar a la actualidad y que ha permitido un intenso trabajo en torno a la defensa del derecho a la vivienda y a los suministros básicos. Así pues, el actual consistorio únicamente ha continuado un proyecto que ya llevaba en ejecución 4 años, dado que la situación de emergencia habitacional y pobreza energética se perpetuaba en la ciudad.

Cabe recordar que, en las últimas ediciones, este proyecto ha enlazado la labor del Observatorio DESC y de Ingeniería Sin Fronteras, asociación con más de 25 años de trayectoria, que trabaja para garantizar el acceso universal a los servicios básicos, acompañando el cambio social y el fortalecimiento de las poblaciones. Conjuntamente con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona y la Alianza contra la Pobreza Energética, hemos abordado la problemática de las vulneraciones del derecho a la vivienda y la pobreza energética.

El proyecto «Derecho a la vivienda y a la energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social» tiene como finalidad ofrecer respuestas a personas y familias que se encuentran inmersas o ya han sufrido procesos de desahucios o que se encuentran en riesgo de sufrirlos, así como aquellas que no pueden garantizar el acceso a sus derechos energéticos. Como aportación bien tangible, las actuaciones que incluye el proyecto permiten: disponer de una base de datos estadística sobre las vulneraciones diarias de estos derechos, realizar investigación; publicar informes anuales sobre el estado del derecho a la vivienda y a la energía (consultad aquí el último); analizar y hacer incidencia sobre las nuevas leyes o políticas que pueden vulnerar derechos o que pueden protegerlos; colaborar en formular propuestas legales y de política pública para la garantía de estos; elaborar documentos con herramientas jurídicas para defender el derecho a la vivienda y la energía; identificar los actores e intereses que controlan el mercado de la vivienda y la energía; reforzar en redes internacionales la protección de estos derechos, etc.

Sobre las subvenciones a proyectos

Los convenios son mecanismos de colaboración recogidos por ley y ampliamente conocidos (Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Catalunya; y Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público), que los ayuntamientos y todas las Administraciones públicas tienen a su alcance como herramienta para abordar el cumplimiento de sus competencias, contando con la labor de entidades sociales o de cualquier tipo. El Ayuntamiento de Barcelona tiene actualmente convenios con diversas entidades sociales, culturales y otras, que se pueden consultar en el registro administrativo correspondiente, además de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Su aplicación conlleva un estricto procedimiento periódico de justificación, con el filtro de una auditoría independiente, que las diferentes reediciones del proyecto han superado sin ningún tipo de incidente, incluyendo el control de los diferentes grupos políticos con representación en el Pleno del consistorio.

Pensamos que no es necesario alimentar una nueva polémica artificial. En el propio escrito de denuncia, de su total inconsistencia se concluye una intencionalidad meramente política y un uso sesgado de las denuncias ante la Fiscalía. Las entidades sociales estamos aquí afectadas por daños colaterales, pero estamos orgullosas y convencidas del trabajo que hace el sector social y que desde las Administraciones se apoye.

Lamentamos, por lo tanto, la actuación de la asociación «Abogados Catalanes por la Constitución», que supone un nuevo intento de debilitar la defensa de los derechos sociales de amplios sectores de la población y la capacidad para cuestionar los intereses de determinados actores privilegiados. Estamos, sin embargo, convencidas de que estos intentos no tendrán más eco del que merecen. Cualquier persona que quiera conocer a fondo la labor que realizamos puede consultar nuestras webs (web Enginyeria Sense Fronteres, web Observatori DESC, web PAH Barcelona, web Aliança contra la Pobresa Energètica).