El 14 de junio se publicó el informe “20 Years Special Rapporteur on the right to adequate housing: Taking stock – moving forward” (20 years Special Rapporteur on the right to adequate housing: taking stock - moving forward), del Relator Especial de las Naciones Unidas en materia de Derecho a la Vivienda Digna, Balakrishnan Rajagopal. El documento contiene los más relevantes avances en materia de protección de Derecho a la Vivienda digna que se han impulsado desde el organismo internacional e identifica siete claves en las que enfocar el trabajo futuro.

La disponibilidad de una vivienda digna tiene para las Naciones Unidas la consideración de Derecho Humano. En España, sin embargo, la Constitución la sitúa como uno de los principios que deben regir las políticas. Desde el Observatori DESC queremos subrayar el papel central que tiene para la consecución de una vida plena el que una persona tenga acceso a un hogar en condiciones adecuadas, por ello creemos relevante el contenido del informe del Relator Especial de NN.UU. En él, se insta a los estados miembro a reconsiderar sus marcos legislativos a fin de poner en valor los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en las últimas décadas han jugado un papel secundario en las prioridades gubernamentales frente a los derechos civiles y políticos.

El documento presentado en el contexto de la pandemia del COVID-19, evidencia en qué manera las soluciones sanitarias venían ligadas a la cuestión de la vivienda, dado que una de las medidas prioritarias era la obligatoriedad de la ciudadanía de permanecer en sus domicilios. Este hecho pone de manifiesto la centralidad que esta cuestión tiene y la urgencia de dar respuesta a las graves violaciones que en ella se producen. El contenido amplio en la observación de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda incluye la lucha contra los desalojos forzosos, los desplazamientos por desposesión o inutilidad de las tierras y la consecución de una vida en condiciones dignas.

Según consta en el informe, las últimas décadas de desarrollismo no han paliado las carencias de habitabilidad de la población mundial, sino que muchas de sus problemáticas se han agravado. Fruto del desplazamiento de población hacia los núcleos urbanos, ha aumentado el porcentaje de la población mundial que vive en asentamientos irregulares e inseguros.

La pobreza se ha desplazado de las zonas rurales y han aparecido nuevos fenómenos de pobreza urbana que tienen como resultado un crecimiento del sinhogarismo, de la segregación y de la infravivienda. Además, los conflictos bélicos continúan expulsando a grandes masas de población de su territorio, generando movimientos de desplazados y nuevos asentamientos en condiciones precarias.

A estas problemáticas cabe añadir la inseguridad provocada por la pandemia del COVID-19 que ha demostrado ser tremendamente desigual en su devastación, afectando de manera más acuciante a las poblaciones más vulnerables y con menor protección en sus derechos. El acceso a una vivienda en condiciones salubres y dignas ha manifestado ser indispensable para la protección frente a este virus, pero también lo será de cara a posibles futuras amenazas sobre la salud.

Desde el inicio, el informe del Relator B. Rajagopal denuncia cómo el haber convertido la vivienda en un activo financiero supone un grave escollo para la garantía del derecho a la vivienda. Asimismo, insiste el Relator Especial en la necesidad de definir cuáles son las condiciones que una vivienda ha de cumplir para considerarse digna, incidiendo en que no puede considerarse cumplido este derecho por dotar a las personas de un techo sobre sus cabezas, sino que han de garantizarse las condiciones que permitan a la persona el completo desarrollo del resto de aspectos fundamentales en su vida. Por eso, insiste, es necesario desvincular la vivienda de su utilidad como valor refugio financiero y priorizar su papel como Derecho Humano fundamental.

Siete retos para el futuro

La mayor parte del contenido del informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un alegato para la correcta dirección de las acciones futuras del organismo. El Relator Especial pone en valor el trabajo realizado con anterioridad, pero advierte, los cismas que se plantean a corto plazo requieren acciones inmediatas.

El texto propone siete líneas de acción prioritarias:

1. Definir claramente: desahucio, desplazamiento, acceso a la vivienda y nivel de vida.
2. Atender al impacto de la pandemia del COVID-19.
3. Erradicar la discriminación urbana y la segregación territorial.
4. Enfrentar el cambio climático y lograr viviendas resilientes.
5. Conflictos y desplazamientos, responder desde la protección del Derecho a la Vivienda.
6. Definir líneas de actuación en materia de reasentamiento y realojo.
7. Repensar la Gobernanza global, el dominio establecido y la economía solidaria.

Afirma rotundamente que el mayor reto de todos los que habrá de enfrentar la sociedad de las Naciones Unidas es la emergencia climática, todo el resto de actuaciones habrán de ir en consonancia con la urgencia imprimida por el cambio climático. El Relator llama a buscar soluciones de satisfacción al Derecho Humano a la Vivienda Digna que no sólo no contribuyan a agravar la situación climática, sino que ayuden a mitigarla, sabiendo a su vez que el sector de la vivienda tiene un papel central en el modelo de desarrollo económico y supone un gran consumo de materiales.

La crisis climática es al mismo tiempo un factor agravante de problemáticas sumamente graves como la falta de disponibilidad de la tierra. La destrucción de ecosistemas y la subida del nivel de los océanos obligarán a millones de personas a abandonar sus lugares de residencia. Plantear soluciones reales a este hecho requiere tener en cuenta que una persona desplazada no solo pierde su hogar (techo), sino que se ve forzada a abandonar sus formas de vida, su seguridad y sufre un trastorno en su identidad.

La tierra, además, viene sufriendo un proceso de control y capitalización de su propiedad que aleja a las personas de su capacidad para disponer de ella. Se ha generalizado una situación de extremos en que la propiedad del suelo se ha concentrado o bien en élites privadas o bien en un control monopolístico por parte de algunos Estados. Ante ambas situaciones, el Relator exige que tanto los actores públicos como los privados actúen de forma que se desligue la tierra de su papel de mercadería. Balakrishnan Rajagopal es tajante cuando afirma que el acceso a la tierra es una condición indispensable para lograr el derecho humano a la vida digna y, por tanto, a la vivienda digna.

El informe termina insistiendo en este rol que han de jugar tanto el sector público como el sector privado. Afirma que la acción especulativa de los fondos de inversión, entre los que menciona Blackstone, está teniendo consecuencias nefastas sobre el acceso a la vivienda. Indica que se está produciendo una grave crisis de vivienda accesible en gran parte de países de ingresos medios. En el marco de un crecimiento de las peores condiciones de la pobreza urbana se está generando un alza en el precio de la vivienda y el alquiler que ha conducido a ciudades como Berlín a impulsar una congelación de estos últimos.

En definitiva, el informe publicado por las Naciones Unidas es un espaldarazo a la lucha por la protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales a través de su dimensión habitacional. La denuncia a la especulación y el mercadeo con materias relacionadas con la satisfacción de los derechos humanos es una constante y habría de servir de guía a los Estados miembro para la promoción de un marco legislativo garantista. Las propuestas del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberían impulsar normativas más proteccionistas con la calidad de vida de las personas que con los beneficios de las grandes corporaciones.