¡La nueva Ley Stop Desahucios catalana es desde hoy una realidad!

Hemos logrado aprobar la nueva Ley que detendrá miles de desahucios con alquileres sociales para familias en situación de vulnerabilidad, recuperando las medidas anuladas hace un año

Hoy, 23 de febrero de 2022, ¡es un día histórico para dejar atrás los desahucios en Catalunya! Gracias a la fuerza de la PAH, de los colectivos en defensa por el derecho a la vivienda y de la ciudadanía organizada hemos logrado aprobar la nueva Ley antidesahucios con la que conseguiremos firmar miles de alquileres sociales en toda Cataluña.

El camino para llegar hasta aquí no fue fácil. Al 6 de febrero de 2021 el Tribunal Constitucional anuló en enero de 2021 después de un recurso del PP contra las medidas antidesahucios de ampliación de la Ley 24/2015 aprobadas con el Decreto Ley 17/2019, dejando desamparadas a miles de familias que estaban esperando sus alquileres sociales y abocadas a sufrir un posible desahucio.

Desde entonces, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos trabajado sin descanso. En febrero, miles de personas expresaron su rechazo al nuevo ataque del PP y la banca contra las medidas antidesahucios en una manifestación multitudinaria. En junio del mismo año presentamos y registrado una nueva proposición de ley con el apoyo de ERC, Junts x Catalunya, CUP y En Comú Podem, con el compromiso de aprobarla lo antes posible. Posteriormente, el grupo parlamentario de Junts presentó 7 enmiendas que la debilitaban, quedando bloqueada la tramitación. Y finalmente, logramos desbloquear la situación y llegar de nuevo a un acuerdo, al que se sumó el PSC.

Si el problema era, según el Tribunal, que había que hacer una ley y no un decreto, ¡la ley ya está aquí!

Las medidas que hoy recuperamos para las personas en exclusión residencial son:

  • Renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin: miles de personas con alquileres sociales firmados en 2015, evitarán su desahucio con esta medida imprescindible para evitar una nueva ola de desahucios.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en fin de contratos de alquiler: para evitar los desahucios invisibles de familias en exclusión residencial, que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato de alquiler con un gran tenedor.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título: imprescindible para las familias que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de bancos o buitres y que estén viviendo antes del 1 de junio 2021, o porque una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca han quedado sin título en el mismo piso, debido a miles de desahucios anuales.

Las mejoras destacadas y el mecanismo de fomento que se introduce son:

  • Ampliación de la definición de gran tenedor: incluirá ahora personas jurídicas de más de 10 viviendas, protegiendo a más gente (manteniéndose en 15, por tanto, tal y como estaba en personas físicas).
  • La obligación de ofrecer alquiler social en casos de extinción de contrato: estará vigente durante 5 años si el GT es persona física, 7 si es persona jurídica, y 12 si es banco o fondo buitre. Antes, la vigencia de la medida eran 3 años. Cada contrato individual firmado dentro de esta vigencia debe tener la duración establecida en la LAU.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio: también por parte de la Generalitat y no sólo de los ayuntamientos, y límite de un mes por parte del gran tenedor a realizar la oferta.
  • Ampliación a 7 años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y buitres: permite movilizar durante más tiempo pisos vacíos provenientes de desahucios.
  • Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas: para facilitar el cumplimiento de la ley y la sanción si se trata de sortear.
  • Medida de fomento para evitar desahucios: a cambio de no poner demanda de desahucio o si lo detienen, los grandes tenedores no vinculados a bancos y buitres podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda en la que vive una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial, quedándose éstas como inquilinas con un alquiler social con la Administración. Se mantiene la obligación de alquiler social si no se acogen, con las correspondientes sanciones si se incumple.

A partir de ahora exigimos el cumplimiento íntegro y sin dilaciones de la Ley y velaremos por hacerla efectiva. En este sentido, estamos preparando acciones para conseguir firmar los máximos alquileres sociales y exigimos como primera medida a la Generalitat que en los próximos días se firmen los 4.000 alquileres sociales que se están esperando desde la anulación. Hay que exigir a los grandes tenedores que cumplan: no podemos perder ni un segundo ni un alquiler social.

En este sentido, ya podemos anunciar que el próximo día 9 de marzo nos reuniremos con el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, donde le pedimos que asuma personalmente este compromiso, velando por el cumplimiento de la ley recuperada y poniendo en marcha un Plan de Choque inmediato para poner las mesas de emergencia a cero y reclamar a los grandes tenedores que se firmen los máximos alquileres sociales antidesahucios posibles.

¡Hoy es un día de celebración! Mañana, sigue la lucha por ganar una vida digna con derecho a la vivienda y sin desahucios!

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