A día de hoy, cuando “la defensa de nuestras fronteras” se antepone a la defensa de la vida y dignidad humana, nos convertimos en espectadores de una tragedia humana y diplomática sin precedentes en la ciudad de Ceuta.

Desde el lunes 17 de mayo del 2021, asistimos a una situación de crisis humanitaria derivada de una tesitura diplomática caracterizada por la presión política y la instrumentalización de las personas migrantes por parte del Reino de Marruecos y posibilitada por las ya arraigadas políticas migratorias. Cerca de 10.000 personas se han visto involucradas; entre ellas, sujetos especialmente vulnerables (familias, niños, posibles víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional etc.) y con perfiles migratorios diversos.

La incitación y el engaño por parte de las autoridades marroquíes han alentado la entrada, por mar y tierra, de más de 8.000* personas, entre ellas, menores de muy corta edad. Ante esto, el Gobierno de España no ha dispuesto de una respuesta humanitaria adecuada a la grave situación que esto ha supuesto, poniendo en riesgo la vida de millares de personas, entre las que consta la muerte de dos de ellas. Las personas heridas han recibido una atención insuficiente, todo ello en un contexto de pandemia donde no se ha garantizado el respeto a las medidas sanitarias.

La situación derivó en el hacinamiento de miles de personas completamente desorientadas y desinformadas en las naves del Tarajal, que alcanzaron el mismo lunes 17 su tope. Así, fueron ubicadas en el exterior de dicho recinto aquellas que iban llegando mojadas, heridas y carentes de víveres, sometiéndoles a la intemperie, a condiciones de hacinamiento y retención por parte de las fuerzas de seguridad, que emplearon la violencia y material antidisturbios de manera desmedida e innecesaria, como se ha podido ver en varios vídeos publicados en la red.

Los acontecimientos se han desarrollado en una vorágine de caos y vulneraciones que, entre otras consecuencias, se ha saldado con la devolución a Marruecos de casi 5.000 personas, sin que hayan existido procesos individualizados en los que se otorgase asistencia letrada, traducción y la cobertura de necesidades básicas. Además, se tiene conocimiento de que han sido devueltas a Marruecos personas que han manifestado su intención de pedir asilo o que ya disponían de una solicitud en trámite. El periplo migratorio de muchas de ellas ha durado años y la devolución al país vecino, del cuál no son nacionales, les supone una flagrante persecución, discriminación, racismo y vulneración de sus derechos.

En definitiva, no se han garantizado de ningún modo el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos, protección internacional y protección del interés superior del menor.

Por todo lo mencionado anteriormente, exigimos:

1. Garantizar el tratamiento individualizado y digno de cada situación personal, por medio de asistencia jurídica, letrada y de traducción que permita conocer y asegurar la atención de las necesidades de cada persona.
Garantizar la seguridad de los/las menores extranjeros no acompañados. Solicitamos su atención integral desde centros habilitados que aseguren un tratamiento digno en todas sus facetas y que prevenga cualquier situación de agresión o peligro hacia sus personas.

2. Dotar de recursos humanos y materiales acordes a las necesidades del momento y la situación humanitaria habilitando mecanismos de acogida digna. Es fundamental contar con profesionales formados y capaces de hacer frente a las necesidades reales de las personas migradas.

3. Condenar los discursos de odio que promueven la división social y el racismo, alimentados por la sensación de inseguridad y desconcierto derivada de la falta de respuesta adecuada por parte del Gobierno.

4. Asegurar rutas y vías legales y seguras que no pongan en riesgo la vida de las personas y que no las subordine a los intereses de ningún gobierno.

Por tanto, proponemos:

1. Una política basada en la solidaridad entre el resto de las Comunidades Autónomas para la acogida e inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro territorio.

2. Sensibilizar e implicar a la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos para exigir que se cumpla con la legislación vigente en cuanto a la protección de los derechos básicos y fundamentales del menor y de las personas migrantes en España.

2. Cambiar la política de externalización de fronteras, la cual instrumentaliza a las personas migrantes como moneda de cambio. La entrega de 30 millones de euros como partida inicial para el cierre y contención de la frontera podría, alternativamente, ser destinada a acoger dignamente y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que toda persona tiene.
 

Comunicado disponible aquí