El último informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, habiendo encontrado niveles aterradores de pobreza y exclusión generalizadas en su visita oficial al estado español, hace especial hincapié en la urgencia de “adoptar medidas globales y creativas que alivien la crisis de vivienda” en el informe publicado sobre su visita oficial al estado español entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020. En su comunicado, el ex Relator denuncia la gravedad de haber visitado un gran número de personas que se enfrentan a la posibilidad de ser desalojadas y no logran encontrar una vivienda asequible. 

Alston que con este informe ha despedido su mandato como Relator, expone que mientras se incrementan los gastos de vivienda, la privatización de bloques de apartamentos y la realización de desalojos agresivos, resulta prácticamente inexistente la oferta de viviendas sociales de bajo costo. Y todo ello a pesar del consenso que existe sobre su necesidad. Esto es, “existe un gran consenso sobre los daños que causan las políticas de vivienda y protección social actuales y sobre lo que debe hacerse al respecto, pero la inacción es la tónica general”.

El informe pone de manifiesto lo muy poco que se ha hecho para garantizar el derecho a la vivienda. Según la Fundación FOESSA, el 24 % de la población estaba afectada por la exclusión en materia de vivienda en 2018 y 4,6 millones de personas habitaban una vivienda inadecuada debido al aumento alarmante de los precios. De acuerdo a los datos del Banco de España, el precio de la vivienda de alquiler aumentó en más del 50 % entre 2013 y 2019, mientras que los sueldos han perdido el 7,8 % de su poder adquisitivo en la última década.

Según el informe, “el aumento de los gastos de vivienda se ha acompañado de un número escalofriante de desahucios”. En efecto, la cifra anual de desalojos pasó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, y entre 2006 y el tercer trimestre de 2019 se contabilizaron un total de 712.723 (para más información, véase el informe L’evolució dels desnonaments 2008-2019: De l’emergència a la consolidació d’una crisi habitacional recientemente publicado). Tan solo el 2,7% de la población tenían acceso a viviendas de alquiler por debajo del precio de mercado en 2018. Y es más, un escaso 2,5% del parque nacional de viviendas habitadas de España es destinado a la vivienda social. Se trata de un número muy inferior al 11% medio alcanzado por la Unión Europea que se ha visto afectado por la caída en picado de la construcción de nuevas viviendas protegidas sufrida en la última década.  

Asimismo, si bien Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incluye una partida para construir 20.000 viviendas protegidas a lo largo de cuatro años, Alston afirma que “esa cifra no llega ni de lejos a atender la demanda” dada la grave coexistencia de alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías y 2 millones de personas en riesgo de quedarse sin hogar.

Grupos poblacionales con mayor riesgo de exclusión residencial

En especial, el Relator señala las mujeres, las niñas, niños y jóvenes, las personas migrantes y aquellas con discapacidad como los grupos poblacionales específicos con mayor riesgo de pobreza y exclusión residencial. El 82 % de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer, y la mitad de ellos se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con el 45 % en 2008. Muchas personas migrantes encuentran grandes dificultades para ser aceptadas como inquilinos o inquilinas y solo el 0,6 % de los 9,8 millones de edificios residenciales de España cumplen los criterios de accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida o con discapacidad.

A este respecto, el informe concluye de particular importancia que el Gobierno tome en serio el derecho a la vivienda mediante las siguientes recomendaciones:

1. Aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda.
2. Aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida.
3. Desincentivar fiscalmente que se dejen viviendas vacías.
4. Estudiar seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades.
5. Adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”.
6. Actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes.
7. Proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad.
8. Apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar.

• El informe del Relator Philip Alston está disponible en este enlace
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