Entidades sociales trasladan al Relator Especial sobre la pobreza extrema de Naciones Unidas la regresión en derechos sociales en España

El pasado 3 de febrero el Observatorio DESC junto a ATTAC organizamos un encuentro entre entidades de la sociedad civil y el Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston. Dicho encuentro que tuvo lugar en Madrid en la sede del Defensor del Pueblo se enmarca dentro de la visita de investigación a España del Relator de Naciones Unidas para analizar la pobreza en el país.

La sesión, que fue moderada por Iolanda Fresnillo, miembro de la Junta del Observatorio DESC, contó con la participación de diferentes entidades del tercer sector: Ecologistas en Acción, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), OMAL, coordinadora ONGs Desarrollo, Amnistía Internacional, Plataforma Fiscalidad Justa, entre otras. Las entidades trasladaron las causas de la pobreza en el Estado español, en una reunión dividida en tres bloques: austeridad, fiscalidad y precariedad laboral.

Los y las participantes presentaron las políticas de austeridad que siguen en marcha y que generan violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007, antes del estallido de la crisis. El encuentro dejó vigente que la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España es inmediata.

Un Marco Jurídico que blinda la Austeridad

Las aportaciones presentadas por las entidades del tercer sector con motivo de esta visita del Relator, resaltaron que el estado español tiene un problema de pobreza estructural y multidimensional derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año 2008. Además, se ofreció al Relator un análisis de la existencia de un marco jurídico que blinda esa austeridad:

  • A nivel constitucional, la reforma del artículo 135 CE de 20112 "constitucionaliza" los límites del déficit y el endeudamiento público, y antepone el pago de la deuda y sus intereses a los acreedores de deuda española a cualquier otro gasto en materia social.
  • En el desarrollo normativo de la etapa de austeridad financiera y aún vigentes a día de hoy, destacan la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el mandato de la reforma constitucional mencionada anteriormente, y cristaliza a todos los niveles de la administración pública la reducción de la inversión y el gasto social.
  • La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) supone una limitación de las competencias de las administraciones locales, que en muchos casos son las que responden a las necesidades más básicas e inmediatas de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerabilizados.
  • La reforma de las pensiones, una de las reformas más regresivas de los últimos a través de la cual se aumentó la edad de jubilación (de 65 a 67 años), se incrementó de 15 a 25 los años de cotización y de 35 a 37 la edad para obtener el 100%
  • La reforma laboral de 2012 es otro gran retroceso en materia de derechos en España, la sesión destacó la problemática del subempleo y la precariedad a la que se ven sometidas muchas personas. El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año).

 

La necesidad de recuperación de los presupuestos económicos

Según las intervenciones, las soluciones pasan por políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad: vivienda, sanidad empleo, etcétera, recuperando los presupuestos económicos y garantizando los derechos humanos.

Los presupuestos previos a la crisis no se han recuperado, y el propio Fondo Monetario Internacional señala en un informe recientemente publicado que España gasta menos en protección social que la media de la UE (medido en relación al PIB).

Los niveles de inversión pública en servicios sociales (en relación al PIB) previos a la crisis no se han recuperado y  las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde, por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto sanitario de los recortes iniciados hace diez años.

Otro punto que se trasladó al relator fue la situación de las instituciones subestatales – comunidades autónomas y municipios – que se enfrentan a una situación muy precaria, tanto a nivel presupuestario como de liquidez (retrasos en los pagos a las entidades sociales que se ocupan de servicios externalizados). 

En relación a la vivienda, los colectivos presentes destacaron que en los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%. Según las intervenciones, la crisis habitacional en la que nos encontramos viene entre otros problemas de la nueva ola de pobreza por la desprotección de los inquilinos e inquilinas.

El Observatorio DESC facilitó un informe trasladado previamente al Relator sobre la pobreza y regresión en DESC en España: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/21_Observatori_DESC.pdf

El viernes 7 de febrero Philip Alston compartió sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa a las 12:00, la siguiente documentación está disponible:

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