Ayer 23 de octubre, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se reunió con el Secretario General de Política Territorial del Gobierno del Estado, José Ignacio Sánchez Amor, y con la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera y Maestros, para transmitirles y exigir la recuperación íntegra de la Ley este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Tras el recurso interpuesto por Mariano Rajoy y la banca, el Tribunal Constitucional suspendió los artículos clave que permitían parar la emergencia habitacional: los que obligaban a hacer un alquiler social por parte de los grandes tenedores a las familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se enfrentan a desahucios (artículo 5.1-2-3), y la cesión obligatoria de viviendas de la banca y fundes buitres para aumentar el parque de vivienda social (artículo 7).

Del Grupo Promotor asistieron a la reunión ocho representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de Cataluña), Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Observatorio DESC (ODESC). Por fin se han concretado las reuniones que hemos solicitado desde el mes de julio a los dos gobiernos. Si hubiera sido así, habríamos podido avanzar antes y posiblemente ya tendríamos la Ley vigente. 

El Grupo Promotor ha defendido el carácter plenamente constitucional de cada uno de los artículos de la Ley y ha pedido al Gobierno del Estado que no limite la potencialidad de sus medidas. El Gobierno del PSOE tiene una oportunidad única de mostrar su voluntad real de parar la emergencia habitacional y hacer un gesto claro a favor de las personas y de los derechos humanos, y no a favor de la banca como estamos viendo demasiadas veces.

Los representantes del Estado han reafirmado su compromiso de retirar totalmente la impugnación del artículo 5, referente al alquiler social obligatorio para deterner los desahucios. En cuanto al artículo 7, de la cesión obligatoria de vivienda vacía de banca y fondos buitre, también se han comprometido a desistir totalmente del recurso. Para este último artículo el Gobierno del Estado considera conveniente hacer un concreción normativa referente a su aplicación, que deberá tramitar posteriormente el Gobiernos catalán, El Grupo Promotor seguiremos al detalle para que no se desvirtue la medida.

Por lo tanto, si el Estado ejecuta con celeridad su compromiso, recuperaríamos dos herramientas clave que el PP impugnó en 2016: la cesión de vivienda vacía de banca y fondos buitre para el parque asequible y el alquiler social antidesahucios de alquiler e hipoteca porparte de los grandes tenedores. Recuperar esta parte de la Ley es uno de los objetivos básicos y la línea roja del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Posteriormente, asistimos a una reunión de urgencia convocada por la Generalitat a la cual asistió el mismo Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, así como la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)   y el mismo Grupo Promotor de la Ley 24/2015. En el encuentro la Generalitat explicó las negociaciones que mantiene con el Estado sobre las leyes 24/2015 y 4/2016. 

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, transmitimos las importantes novedades de última hora surgidas en la reunión con el Estado. La Generalitat se comprometió a contactar de nuevo con el Ministerio para avanzar definitivamente en la retirada de este recurso. También agradecimos que, por fin, se informara de las conversaciones de ambos gobiernos a los agentes implicados en el impulso de las dos leyes. 

Como expusimos en la carta dirigida a Pedro Sánchez, en la carta al Presidente Torra, y en el manifiesto público que presentamos la semana pasada en las puertas del Parlament con el apoyo transversal de Ayuntamientos y entidades sociales catalanas, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos hecho todo el que está en nuestras manos para recuperar urgentemente una herramienta que paraba desahucios y ampliaba el parque de vivienda asequible, aprovechando la ventana de oportunidad que representa la caída del PP y con los dos nuevos gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra constituidos. 

Por todo esto, es urgente que los dos gobiernos arrecien este compromiso y acuerdo hoy mismo, que lo formalicen en la Comisión Bilateral para que esta semana el Consejo de Ministros retire el recurso.

Ya no podemos esperar más. Cada día sufrimos 60 desahucios en Cataluña y el ínfimo parque de vivienda social deja a 4.000 familias vulnerables sin vivienda y 115.000 personas en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Además, existe el riesgo que llegue una sentencia y por lo tanto perderíamos la oportunidad de corregir el ataque del PP al derecho a la vivienda.

Ahora es el momento de que ambos gobiernos reaccionen y que el Gobierno del Estado retire el recurso, pasando de las palabras a los hechos. 

¡¡Es necesario que, de una vez por todas, consigamos revertir el ataque gravísimo al derecho a la vivienda que significó el recurso del PP, recuperando la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros!!