Memoria de Actividades 2011
El año 2011 ha sido un año marcado por la profundización de los recortes de derechos sociales impulsada tanto desde el gobierno central como desde los diferentes gobiernos autonómicos y locales. Así, a instancia de las agencias de tasación de deuda y otros organismos internacionales pero también de los representantes de la patronal y de las entidades financieras estatales se han llevado a cabo importantes retrocesos en la protección de derechos y prestaciones sociales básicas.
En el ámbito laboral, el gobierno de Rodríguez Zapatero endureció la contra-reforma laboral aprobada el año anterior favoreciendo los despidos por parte de las empresas y debilitando, en cambio, los mecanismos de negociación colectiva. Los graves recortes en educación, por su parte, motivaron una crítica por parte de la Comisión Europea ante una disminución presupuestaria de 1.800 millones de euros. A la vez, el gobierno central llevó a cabo una nueva reforma legislativa para facilitar los desahucios por impago de alquiler, y en materia de salud, el gobierno de la Generalitat de Cataluña empezó a elaborar una propuesta de re-pago de los medicamentos por parte de los usuarios. La partida presupuestaria más afectada fue la destinada a promover la solidaridad con los pueblos del Sur.
El rechazo social a los recortes se expresó el 15 de mayo en una manifestación multitudinaria de ámbito estatal que culminó en la constitución del movimiento 15M. Este movimiento ha generado un importante debate en torno a la necesidad de adoptar políticas orientadas a castigar a los culpables de la crisis y a detener los recortes sociales.
En este contexto, el Observatorio centró sus esfuerzos en mostrar la ilegalidad de muchas de las políticas adoptadas y la necesidad de un cambio de rumbo que fortalezca los derechos sociales de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Esta fue la visión de los Cursos Anuales, el Curso de Derechos Sociales y el Curso por el Derecho a la Vivienda, y la de otras iniciativas como el II Encuentro Franco-Ibero-Americano de Derechos Sociales, “Derechos sociales y crisis económica mundial”, o la Mesa redonda: “Propuestas de política pública para hacer frente a la insolvencia familiar en el ámbito de la vivienda habitual”. Este es también el sentido del libro, “No hay derechos. La ilegalidad del poder en tiempos de crisis”, de Jaume Asens y Gerardo Pisarello, y de la publicación “La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una Alimentación Adecuada”, de Enrique González.
La VI Edición del Curso de Derechos Sociales se presentó bajo el título “La defensa de los derechos sociales ante los recortes”. Durante los meses de mayo y junio, a lo largo de 12 sesiones se trataron cuestiones como la contrarreforma laboral aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, los desahucios por motivos económicos o el papel de la Unión Europea en la crisis alimentaria global y las propuestas de re-pago en el ámbito de salud. Por su parte, la III Edición del Curso por el Derecho a la Vivienda, “El Derecho a una vivienda digna: políticas públicas y otros mecanismos para hacerlo efectivo”, constó de 7 sesiones en las que se analizó el contenido del derecho a la vivienda, en el marco del derecho a la ciudad, con el objetivo de evaluar los adelantos, los límites y los retos de las políticas habitacionales en curso desde una perspectiva de derechos.
Y para denunciar la actuación de las agencias internacionales de tasación de deuda, el Observatorio DESC junto con ATTAC presentó una querella ante la Audiencia Nacional por alteración del precio de la deuda pública y utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio contra Moody’s, Fitch y Standards and Poor’s. En en cuanto a la incidencia de ámbito internacional se elaboró un informe junto con otras plataformas y entidades sobre la situación de los derechos sociales en el estado español. Este informe tiene como objetivo contrastar la información aportada por el gobierno español ante el Comité DESC de Naciones Unidas. Igualmente, se participó en la elaboración del Informe Internacional sobre el Derecho a la Alimentación, y en la Plataforma virtual de discusión sobre Mujeres y Vivienda, impulsada por la Relatora por el Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas, Sra. Raquel Rolnick.
La perspectiva desde la cual se promovieron los espacios de reflexión no ha sido simplemente de denuncia, sino que apuesta, en diferentes ámbitos, tanto por una reinvención garantista de los derechos sociales clásicos como por la reivindicación de nuevos derechos. Este es precisamente el sentido de las publicaciones colectivas: “El Derecho a la Ciudad”, elaborada con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y del informe, “Análisis socio-jurídico de la trata de personas con finalidad de prostitución forzada: herramientas para una intervención desde una perspectiva de derechos”, coordinada junto con la organización en defensa de los derechos de las mujeres, Genera, y el grupo de investigación vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, Antígona. En este mismo sentido, se participó en el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago y el alquiler social y contra los desahucios.
En resumen, a lo largo del 2011 se trataron cuestiones como la articulación por el derecho a la ciudad y a la soberanía alimentaria, la necesidad de una reforma legislativa que detenga los desahucios por motivos económicos y cancele la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda, y en general, por la reivindicación de una salida justa de la crisis que fortalezca la construcción democrática de los derechos sociales.
