Comunicado del grupo promotor de la ILP Vivienda exigiendo a la Generalitat que firme el convenio con las empresas suministradoras para que asuman la deuda de las familias que no pueden pagar
Siete meses después de la aprobación de la ley 24/2015, Endesa y Gas Natural, entre otros, continúan haciendo cortes de suministro sin aplicar el principio de precaución, es decir, sin consultar previamente si se trata o no de una familia en riesgo de exclusión residencial antes de llevar a cabo ningún corte. Por este motivo, hoy hemos precintado la sede de atención al cliente de Endesa por vulnerar los derechos humanos y por incumplimiento sistemático de la ley 24/2015. Es indignante que estas compañías sigan saltándose la ley con total impunidad y no haya ninguna respuesta por parte de la administración.
Exigimos a la Generalitat que utilice los mecanismos que le da la ley y sancione a las empresas suministradoras por todos los cortes que se están produciendo en Cataluña incumpliendo el principio de precaución que contiene la ley 24/2015.
La Generalitat no tiene sólo la obligación y el deber de sancionar el incumplimiento de esta ley sino también la obligación de desplegarla de forma integral. Garantizar el acceso a los suministros básicos implica la firma de convenios entre la Generalitat y las compañías para que éstas se hagan cargo de las deudas pendientes. Desde que ha entrado en vigor la ley, la Generalitat no ha dado ningún paso para sacar adelante estos convenios, a pesar de que hace un mes que tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que la comisión promotora de la ILP le hizo llegar y sobre la que todavía no hemos recibido respuesta. La propuesta de convenio que hemos planteado a la Generalitat recoge obligaciones por parte de la empresa distribuidora:
- Aplicar el principio de precaución, es decir, no producir ningún corte sin haber consultado previamente al ayuntamiento si se trata de una persona en riesgo de exclusión residencial.
- Condonar la deuda derivada de la imposibilidad de afrontar el pago de los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión residencial, así como los costes de alta del servicio y cualquier tipo de certificado energético que requiera la compañía.
- Garantizar a las familias en riesgo de exclusión residencial el coste mínimo del servicio: revisar los contratos, sacar los costes innecesarios y aplicar las tarifas más bajas.
- Aplicar un descuento significativo en la factura del suministro, rebajando el precio hasta que el coste sea asumible por la persona o unidad familiar, teniendo en cuenta el límite del 10% de los ingresos de la unidad familiar.
- Regularizar, poniendo el contador, a las personas en riesgo de exclusión residencial que vivan en viviendas sin titularidad.
- Informar en las cartas de aviso de impago y de corte de los derechos contenidos en la ley 24/2015.
- Condonar la deuda derivada de la imposibilidad de afrontar el pago de los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión residencial, así como los costes de alta del servicio y cualquier tipo de certificado energético que requiera la compañía.
- Garantizar a las familias en riesgo de exclusión residencial el coste mínimo del servicio: revisar los contratos, sacar los costes innecesarios y aplicar las tarifas más bajas.
- Aplicar un descuento significativo en la factura del suministro, rebajando el precio hasta que el coste sea asumible por la persona o unidad familiar, teniendo en cuenta el límite del 10% de los ingresos de la unidad familiar.
- Regularizar, poniendo el contador, a las personas en riesgo de exclusión residencial que vivan en viviendas sin titularidad.
- Informar en las cartas de aviso de impago y de corte de los derechos contenidos en la ley 24/2015.
La propuesta de convenio recoge también obligaciones para la Generalitat en la línea de velar por el cumplimiento integral de la ley 24/2015 y prestar la asistencia necesaria a los ayuntamientos para que la puedan aplicar de manera integral.
La ley 24/2015 es una ley de emergencia, es inadmisible que 7 meses después la Generalitat no haya firmado los convenios para que la norma tenga los efectos que persigue. ¿Cuántos inviernos más necesitan para hacerlo? ¿Tras este retraso hay connivencia o es que realmente no es una prioridad de este gobierno aplicar las leyes vigentes que nos protegen? La inacción de la Generalitat en este sentido hace que las suministradoras continúen con la lógica de que sólo no cortarán los suministros si la administración pública asume el coste. Es necesario que la Generalitat asuma la responsabilidad que tiene como garante de los derechos básicos y haga frente a las compañías distribuidoras de luz y de gas. No sólo lo pedimos las afectadas por los cortes, sino también la mayoría de Ayuntamientos de Cataluña, tal como han expresado en las entidades supramunicipales y las asociaciones de municipios.
Exigimos a la Generalitat que siente a las grandes compañías y que en el plazo de un mes tenga firmados los convenios con las empresas distribuidoras. Y no cualquier convenio, éste que hoy se hace público. Del mismo modo que, ante la pasividad de las administraciones, fue la ciudadanía quien logró hacer realidad una norma para detener la emergencia habitacional, de nuevo nos avanzamos y hacemos propuestas sensatas y eficaces.
Si no es por las buenas, será a las malas. No nos podemos permitir que, con la ley 24/2015, la Generalitat no sea lo suficientemente valiente como para hacerla cumplir. Si Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola y las empresas del oligopolio energético se niegan a firmar este convenio, exigimos a la Generalitat que haga pública la negativa de las compañías, y que utilicen todas las herramientas a su alcance para presionarlas. Nosotros ya les hemos propuesto algunas, como la creación de un impuesto por impacto paisajístico de las líneas de distribución de estas empresas como medida de presión.
Hoy precintamos Endesa por vulneración de los derechos esenciales. Pero mañana podemos precintar Gas Natural-Fenosa, Iberdrola o incluso la propia Generalitat por el mismo motivo si no reaccionan.
¡Nuestros derechos no se negocian!
Hoy precintamos Endesa por vulneración de los derechos esenciales. Pero mañana podemos precintar Gas Natural-Fenosa, Iberdrola o incluso la propia Generalitat por el mismo motivo si no reaccionan.
¡Nuestros derechos no se negocian!
Grupo Promotor de la ILP Vivienda
Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Catalunya (PAH)
Observatorio DESC
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