El próximo lunes 2 de febrero se celebra el juicio contra un secretario judicial de Mataró. El 18 de febrero de 2005 dicho secretario ordenó el desalojo del Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) la Estella de forma ilegal, dado que el Juez sólo había solicitado la identificación de las personas habitantes para citarse a declarar. Los operarios, las grúas y los mozos de escuadra se presentaron en el Centro Social a instancias del funcionario con la intención de desalojarlo, tapiar-lo y derribarlo parcialmente. Las personas en el interior del CSOA tuvieron que marchar de forma casi inmediata sin poder recoger gran parte de sus objetos personales.

A pesar de la nefasta actuación del tribunal y su desarrollo contrario a derecho, tal como denunciamos el Observatorio DESC en este comunicado, los poderes públicos han convertido su enjuiciamiento en una carrera de obstáculos. Este hecho ha provocado el alargamiento en el tiempo del procedimiento de manera injustificada, tal y como han denunciado en varias ocasiones las personas perjudicadas y la Asociación de Vecinos de Mataró. Finalmente, después de diez años, el lunes se consigue que el funcionario judicial siente en el banquillo de los acusados como supuesto autor de un delito de coacciones del artículo 172, un delito de usurpación de funciones del artículo 508.1 y un delito de allanamiento de morada del artículo 204 del Código Penal. Sin embargo, ahora que se acerca la posibilidad de demostrar la ilegalidad de las actuaciones del tribunal, el Ministerio Fiscal opta por retirarse de la acusación alegando una posible prescripción de los delitos.

Desde el Observatorio DESC se quiere denunciar la falta de voluntad de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en un contexto de falla del poder judicial. Los poderes públicos deben velar por el correcto funcionamiento del sistema político y judicial y por la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. En este caso, se hace patente el incumplimiento flagrante de los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos. Lejos de promover la investigación o colaborar, se ha llegado a juicio con muchas dificultades. Buen ejemplo de ello es el intento de sobreseer el caso en varias ocasiones y la actual petición de archivo por parte de la fiscalía. Es necesario que las administraciones públicas adopten de forma proactiva las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, castigando todas aquellas situaciones de abuso de poder y de incumplimiento de la ley por quien tiene la función de protegerlos.