Entidades representativas del movimiento vecinal, como la CONFAVC y la FAVB, y de derechos humanos, como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), avanzan la VOLUNTAD DE PRESENTAR una QUERELLA contra JORDI PUJOL mediante la figura de la ACUSACIÓN POPULAR.

La “confesión” de Jordi Pujol el pasado 25 de julio sobre la regularización de una herencia depositada en Andorra el año 1980 y no declarada a Hacienda ha trastocado profundamente a la sociedad catalana. Lejos de tratarse de un asunto personal, el fraude cometido por quien estuviera al frente del gobierno de la Generalitat durante 23 años afecta a la sociedad civil catalana en su conjunto.

Instar a la justicia a tirar del hilo de los indicios delictivos existentes hasta aclarar la veracidad, el alcance y todas las implicaciones, esclarecer el origen del dinero y los pactos de silencio que parecerían haber facilitado los hechos delictivos resulta fundamental, especialmente en un momento en el que Cataluña quiere decidir su futuro.

No sería razonable contar con la buena voluntad del mismo Pujol, cuya comparecencia ante el Parlamento ni siquiera es segura. Tampoco se puede esperar demasiado de un gobierno central que recientemente ha amnistiado a los grandes defraudadores.

Cataluña quiere decidir su futuro. Pero, sea cual sea el camino que finalmente elija su pueblo, ningún avance democrático será posible si no se deja atrás el lastre de la corrupción y no se construye un régimen transparente que otorgue centralidad al cumplimiento de los derechos sociales y a la participación activa de la población en los asuntos públicos. Es hora de mirar la realidad de cara, porque solo la verdad nos hará libres.