Artículo de Jaume Asens y Gerardo Pisarello, juristas y miembros del Observatori

Público, 13 de enero de 2011

El nuevo consejero de Interior, Felip Puig, parece decidido a liquidar el legado de su sucesor en materia policial. En una de sus primeras declaraciones, cargó contra el código de ética policial  y las cámaras de vigilancia en las comisarias. Poco después, anunció la derogación de un programa de seguridad de los Mossos contra la violencia machista  aprobado en la anterior legislatura. El propósito sería eliminar unas medidas ineficaces que perturbaban  el “funcionamiento normal de las comisarías” y generaban “coacción y desconfianza” hacia el cuerpo policial.

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