Comunicado firmado por ÀMBIT DONA, FAVB, GENERA, LLOC DE LA DONA, SOS RACISME, COOPERATIVA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE, ASAUPAM, AVV Can Peguera, Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, Masala, Plataforma d’Afectats en Defensa de la Barceloneta, Observatori pels Drets Humans DESC, Papers i Drets per a Tothom, CGT Parcs i Jardins.

Este año nos encontramos nuevamente en una dinámica similar a la generada en el año 2005 y que condujo a la aprobación de las denominadas Ordenanzas del Civismo. En aquella ocasión ya denunciamos que la mezcla de problemáticas sociales con actos de incivismo o nuevas formas de uso del espacio público representaba una vulneración de derechos de los colectivos afectados, en especial de aquellos más vulnerables. Alertábamos también sobre la ineficacia de las medidas sancionadoras. La situación actual es entre otras cosas una buena muestra de que no nos equivocábamos y que la Ordenanza ha sido un fracaso.

Otras problemáticas que se dan en algunos espacios de la ciudad y de forma especial en los barrios de Ciutat Vella, tienen que ver con un modelo de ocio y de turismo que vende, literalmente, el espacio público como un elemento de consumo más que como un bien de uso colectivo de la ciudadanía. La permisividad, la falta de límites en este aspecto nos ha llevado a la situación actual de saturación y exceso. Una situación de sobreocupación y de uso irregular que no quiere poner en peligro los importantes negocios que se mueven en torno al turismo y que castiga la vecindad de Ciutat Vella con suciedad y ruidos. No se trata de saber cuántas son las multas impuestas sino de constatar el impacto real que éstas han tenido sobre la mejora de la convivencia. Un turismo sostenible, social y ecológico no pasa por promover un turismo de alto nivel adquisitivo, sino por promover un uso de los espacios públicos que respete la convivencia entre las personas que nos visitan y las que residimos en la ciudad. Tampoco en este sentido la ordenanza ha sido útil.

En el caso de la prostitución, la ordenanza del civismo, lejos de resolver el uso del espacio público, ha incrementado los conflictos. Las consecuencias de la implementación de la ordenanza que las entidades que trabajan con los colectivos de las trabajadoras sexuales han podido constatar, han sido un incremento de la precariedad de sus condiciones laborales y de su fragilidad social. De las multas alegadas, todas han sido para la concertación de servicios sexuales y no por su realización en el espacio público, aunque el cierre de espacios para el ejercicio del trabajo sexual ha conducido a la dificultad de encontrar lugares adecuados.

El Ayuntamiento no se puede inhibir de su responsabilidad en la gestión de la convivencia y del uso del espacio público. Es necesario que haga una autocrítica de las políticas sancionadoras y de sus consecuencias.

Por eso pedimos:

• La puesta en marcha efectiva de un proyecto de mediación comunitaria.
• La revisión del Plan de Usos de Ciutat Vella y que se permita la apertura de locales.
• Un cambio en la política de extranjería para evitar nuevas situaciones de irregularidad como la que viven muchas de estas mujeres, y a corto plazo revocaciones de las órdenes de expulsión no ejecutables como ya recomendó el Defensor del Pueblo, así como la coordinación interdepartamental para proteger a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que sufren explotación.
• La derogación de la Ordenanza del Civismo.
• La implementación de programas educativos que promuevan un uso socialmente sostenible del espacio público y la dignificación de la imagen de Barcelona en la promoción turística de la ciudad.

Barcelona, 2 de septiembre de 2009