Contra la persecución policial del top-manta

La decisión de  los alcaldes de El Vendrell y Calafell de autorizar zonas francas para el llamado top manta era una medida audaz, pero no insensata. Como mínimo, resultaba más razonable que pretender quitarse de encima el problema mediante políticas de “tolerancia cero” y mayor presencia policial.

El consejero del Interior de la Generalitat, Joan Saura, ha intentado presentar el acuerdo impulsado por la Generalitat como un ejercicio de responsabilidad. Con todo, es difícil no verlo como una salida falsa, difícilmente eficaz y más propia de un émulo de Sarkozy que de un consejero ecosocialista. 
 

La pretensión de borrar el top manta por la vía represiva no es nueva. En aplicación de una legislación que contempla penas de prisión de hasta dos años para estas prácticas, cientos de inmigrantes han sido encarcelados o expulsados. Esta reacción desproporcionada, que convierte la venta ambulante en una actividad penalmente más reprochable que un robo con violencia o ciertas lesiones, ha merecido numerosas críticas jurídicas y políticas. Muchos jueces y juezas, de hecho, han recordado que los manteros se encuentran en una situación de necesidad y suelen ser “el eslabón más débil de una larga cadena de ilegalidades”. El despropósito de la sanción ha generado también una importante movilización a favor de una reforma despenalizadora -secundada por partidos como el del propio consejero Saura- que entrará en vigor el próximo diciembre.

Como en las crónicas policiales más tendenciosas, los manteros han sido retratados como pícaros que pretenden hundir el negocio del resto de comerciantes; como sujetos violentos que insultan y se enfrentan a quienes requisan su mercadería; e incluso como incívicos que obstaculizan la libre circulación o “embisten” a los ciudadanos de a pie al huir de la policía. Esta construcción sesgada de los hechos escamotea las condiciones reales que rodean el fenómeno. Como ya han reconocido varios tribunales, este tipo de actividad está lejos de producir un daño significativo a los productos imitados, de los que se diferencian de manera notoria. La mercadería vendida es a menudo la misma que miles de personas bajan de internet o copian en su ordenador y el impacto en el pequeño comercio es, en verdad, mucho menor que el de las grandes superficies u otros negocios tolerados. Lo peor, en todo caso, de la visión criminalizadora, es que invisibiliza las múltiples formas de violencia a la que los manteros se ven expuestos cotidianamente y que con frecuencia generan el rechazo de los propios turistas y vecinos del lugar. Basta recordar el reciente caso de Ibrahima Diop, un joven senegalés arrollado por un tren mientras huía de la policía.
 
En realidad, muchos manteros son trabajadores cualificados que, como otros, aceptarían de buena gana empleos más seguros que los libraran de las inclemencias de la calle. Si no lo hacen es porque la propia legislación de extranjería se lo impide, condenándoles a una ilegalidad que no han buscado. La propuesta de los alcaldes de CIU y del PSC no obedecía a radicalismo alguno ni a una ingenua vocación humanitaria. Fomentar la organización de los manteros, pactar zonas y productos específicos para la venta y negociar la aplicación progresiva de tasas municipales, podía no ser la solución ideal. Pero era, como reconocieron sus impulsores, una alternativa de “sentido común”. Una salida que facilitaría el arraigo a mediano plazo y que permitía evitar males mayores. Entre otros, convertir la criminalidad en la única opción disponible. 
 
El acuerdo final con los comerciantes ignora la voz de los inmigrantes y otras organizaciones y  pretende insistir en una vía cara, poco realista y nada integradora. Quienes, como el consejero de ERC, Josep Huguet, pedían eliminar del paisaje una estampa “tercermundista”, podrán sentirse satisfechos durante un tiempo. Pero el problema, con toda su complejidad y dramatismo, seguirá ahí. Y los que han intentado barrerlo bajo la alfombra habrán perdido una ocasión importante para marcar la diferencia, ofreciendo una respuesta, además de garantista, humanitaria, valiente e imaginativa.
 

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