El Grupo Promotor de la ILP Vivienda, convertida en la Ley 24/2015 y parcialmente suspendida por un recurso del gobierno del PP en el Tribunal Constitucional, se reunió, este miércoles 25 de mayo, con los responsables municipales de las 11 ciudades catalanas más pobladas y las entidades municipalistas. Los acuerdos tomados en la jornada de trabajo contemplan, entre otros, nuevos encuentros, la coordinación entre los municipios, iniciar un censo de viviendas vacías,sancionar a los grandes tenedores y adaptar los reglamentos de las Mesas de Emergencia.

El 29 de abril pasado, el Gobierno en funciones del PP interpuso un recurso contra la Ley 24/2015, al que reaccionamos con protestas en la calle y la elaboración de una hoja de ruta para detener el retroceso de derechos, que presentamos a la cumbre convocada por el Presidente Puigdemont el 3 de mayo. En la cumbre, los municipios se alinearon con las acciones planteadas por el Grupo Promotor de la ley, indicando que había que aplicarlas inmediatamente. Por esta razón, convocamos a los 12 municipios más poblados de Catalunya al encuentro, ​​después de que las PAH de cada ciudad presentaran a los ayuntamientos y exigieran el cumplimiento de la "Propuesta de Actuaciones urgentes y coordinadas por el derecho a la vivienda y los suministros ".

La jornada de trabajo tenía un objetivo claro: acordar acciones concretas y coordinadas. En el encuentro participaron cargos electos y técnicos de vivienda y el área social de los ayuntamientos de Barcelona, ​​Lleida, Girona, Hospitalet, Badalona, ​​Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus y Sant Cugat. En el caso de Tarragona, aunque también fueron invitados y participarán del proceso con el resto, no pudieron asistir. También se sumaron al grupo de trabajo la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Federación de Municipios de Catalunya (FMM) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Los asistentes valoraron muy positivamente este espacio de trabajo y se ha decidido darle continuidad mensual para así contar con una herramienta de trabajo, coordinación, intercambio de información y planificación de estrategias y acciones conjuntas, al tiempo que abordar retos compartidos y evaluar los impactos reales sobre el derecho a la vivienda.

Los participantes comparten el diagnóstico de la emergencia social que supone la suspensión de la Ley 24/2015 y uno de los principales acuerdos consensuados por los ayuntamientos es que asumen que es clave iniciar acciones a nivel local coordinadamente con los otros municipios, además de que se harán cargo de facilitar información relativa a vivienda y pobreza energética para publicar informes. Además, también han expresado la problemática que supone la infradotación del parque público de alquiler social.

También se ha establecido como medida prioritaria movilizar la vivienda vacía, así que se ha acordado multar y sancionar las viviendas vacías de grandes tenedores. Tal como insiste la PAH desde 2013, es imprescindible penalizar el incumplimiento de la función social de la vivienda y la Ley 18/2007 permite hacerlo con la imposición de multas coercitivas y sanciones de hasta 500.000 euros en pisos injustificadamente vacíos. Sin embargo, para poder ampliar este objetivo es necesario iniciar un inventario de viviendas vacías en cada municipio.

Otro punto de los acuerdos ha sido adaptar los reglamentos de las Mesas de Emergencias municipales antes de septiembre. El objetivo es incorporar, como requisitos de acceso, los criterios de exclusión residencial de la Ley 24/2015, así como continuar utilizando los porcentajes establecidos en la Ley 24/2015 como baremo para el cálculo del precio del alquiler en los realojos y los alquileres sociales. Además, también se desplegarán campañas que informen a la ciudadanía de sus derechos en materia de vivienda y pobreza energética, así como las vías para asegurarles y la posibilidad de denuncia en caso de vulneración.

En el ámbito de la pobreza energética, el grupo promotor y las administraciones municipales comunicarán a la Generalitat los incumplimientos de la Ley 24/2015 para que actúe en consecuencia, es decir, imponiendo las preceptivas sanciones. Además, los ayuntamientos que ya hayan iniciado los expedientes sancionadores seguirán ejerciendo su potestad sancionadora. Uno de los consensos clave del encuentro es la responsabilidad del Gobierno de hacer cumplir la parte de pobreza energética que sigue vigente con la suspensión parcial de la ley. Por esta razón, hay que inspeccionar de oficio las empresas suministradoras por los posibles incumplimientos en el plazo máximo de un mes, así como convocar un encuentro para firmar los convenios establecidos y que el Grupo Promotor entregó al Presidente hace dos meses. Se expresa la voluntad de que en este encuentro participe, no sólo el Gobierno de la Generalitat, sino también los agentes que nos reunimos el 25 de mayo.

Por último, se decidió instar a la Generalitat de Catalunya conjuntamente a aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional y abrir urgentemente la convocatoria de nuevas ayudas de alquiler este año y los siguientes en forma de convocatoria abierta permanentemente, como se hace en el resto de Europa, lo que permitiría evitar miles de desahucios.

La alarma por el cambio de actitud de la banca - ha vuelto ordenar desahucios y rompiendo las posibilidades de cesión de viviendas- con la suspensión de la Ley 24/2015 justifica la necesidad de convocar una reunión entre la Generalidad de Catalunya y las entidades financieras para cerrar un acuerdo por medio del cual se comprometan a continuar aplicando los criterios de la Ley 24/2015.

También es clave que la Generalitat convoque una reunión donde explique a los municipios del estado de los trabajos de redacción de la nueva Ley que está en marcha y desarrolle reglamentariamente la Ley 18/2007 para homogeneizar criterios y facilitar su aplicación.

El próximo encuentro entre el Grupo Promotor y los ayuntamientos y entidades municipalistas será el 1 de julio y servirá para evaluar el cumplimiento de los compromisos y para abordar, entre otras, las ocupaciones, la subida de precio de los alquileres y otras maneras de acceder al derecho a la vivienda.