Con un vídeo publicado con la etiqueta #SSocialsAmbLaILP la asamblea de Servicios Sociales Públicos y de Calidad y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña se adhieren a la ILP contra los desahucios y la pobreza energética.

Los trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales explican cómo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria ha habido un aumento exponencial de los desahucios que ha cambiado su día a día como profesionales. Sólo en la ciudad de Barcelona, tienen que hacer frente a una media de 30 desahucios diarios sin los recursos suficientes para asegurar un realojo digno y adecuado para las familias. En el vídeo publicado denuncian la falta de políticas de vivienda y cómo esto tiene un impacto en la atención social que realizan, teniendo que actuar en situaciones de emergencia por pérdida de la vivienda sin los recursos suficientes. En el caso de Barcelona, denuncian como muchas veces su intervención se limita a estar presentes en el desahucio en aplicación de un protocolo entre el Ayuntamiento y los organismos del ámbito judicial que a la práctica tan sólo ha servido para “proteger a la comitiva judicial para llevar a cabo los lanzamientos en lugar de tener como objetivo hacer una atención social preventiva y proteger el adecuado realojo de las personas afectadas”. Es así como consideran que son "el escudo que utiliza la Administración para legitimar su intervención en los desahucios" y que con este tipo de actuaciones los usuarios pierden la confianza en los profesionales referentes y en la propia institución de los Servicios Sociales.

Las secuelas de los desahucios en la infancia

Uno de los colectivos más vulnerables ante los desahucios es el de los menores de edad. Las profesionales de Servicios Sociales relatan en el vídeo como en su día a día viven situaciones de mucha tensión en las que los propios menores les piden "por favor, no me saques de mi casa mía". Además, alertan como en los centros de los barrios con menos recursos y con mayor número de desahucios se puede apreciar una presencia mayor de problemas de salud mental entre los niños. Estas impresiones son avaladas por los estudios sobre la materia que avanzan algunos datos muy preocupantes. Por ejemplo, un Informe reciente realizado por el Observatorio DESC y la PAH a partir de 1200 encuestas a familias en ejecución hipotecaria apunta que un 16% de los niños y un 13% de las niñas sufren mala salud, mientras que, según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, estos porcentajes en Cataluña son de entre el 6 y el 7%. En el mismo estudio, un 22% de los hogares declara que han tenido que cambiar de escuela como mínimo a uno de los menores debido a las dificultades para pagar la hipoteca. De estos cambios escolares, casi la mitad, un 47% se ha producido durante el año académico, hecho que puede tener consecuencias negativas por la elección del centro escolar, el acceso a las becas o la integración socio-educativa de los menores. Según las profesionales de Servicios Sociales, en muchos de los casos estas vivencias traumáticas supondrán graves secuelas por los niños.

La ILP vivienda: una solución de urgencia también para evitar los desahucios por alquiler

Los últimos años los desahucios por impago de alquiler han ido aumentando y actualmente ya suponen el 60% del total en Cataluña. En estos casos, el procedimiento de desahucio es mucho más fulminando que en el hipotecario, y la respuesta de las Administraciones llega tarde y es insuficiente. Las mismas profesionales reconocen que en muchas ocasiones tienen serios problemas para garantizar un realojo digno, y se tienen que limitar a ofrecer a las familias unos días de pensión o una ayuda por el alquiler de una habitación a un piso compartido. Por esta razón, la ILP en curso prevé también dar respuestas efectivas a los desahucios por impago de alquiler, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de vivienda, se tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia. En cambio, cuando este sea un pequeño tenedor de vivienda será la administración la obligada de conceder ayudas porque el afectado pueda seguir a la vivienda o asegurar un realojo adecuado. Con todo, la ILP vivienda permitirá no sólo parar el sufrimiento y la angustia de miles de familias, sino que servicios públicos como los Servicios Sociales superen la situación de saturación actual y puedan funcionar con mayor eficacia. Es evidente que si se reducen sus actuaciones en los casos de extrema urgencia (desahucios, cortes de suministros, etc), podrán desarrollar con mayor dedicación, recursos y garantías las tareas de prevención de la exclusión social y promoción de la autonomía de las personas que tienen encomendadas.