El Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentarán en septiembre un exahustivo informe sobre el estado de la cuestión en materia de ejecuciones hipotecarias, desahucios y derecho a la vivienda en el Estado Español.

Una de las principales novedades de este informe es que mostrará nuevos datos sobre la problemática a partir de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH en los últimos dos años. La muestra es interesante, no sólo por el considerable número de encuestas, sino también por la información sociodemográfica y de vulnerabilidad social que da de las personas afectadas. Además, también ofrecerá datos del comportamiento de las entidades financieras; unos datos que a día de hoy, ni los mismos bancos, ni las administraciones han querido facilitar.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC fueron de las primeras entidades que, ya en 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que pemitan entender la dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco normativo actual en materia habitacional. Así mismo, este déficit de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos con la máxima precisión posible a partir de las personas afectadas que han contactado a la PAH en algún momento.

Sobre el ámbito geográfico, la encuesta se ha realizado a través  de internet, en castellano y estaba dirigida a todo el Estado. La mayoría de respuestas son, por orden, de personas que residen en Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Andalucía. Esta proporción se corresponde de manera aproximada con los datos del Poder Judicial, los cuales indican que estas mismas comunidades son las más afectadas. Así, el dato geográfico, junto con el número de encuestas realizadas, confirman el valor de interés estadístico de la encuesta.    

A la espera del informe completo que se publicará en septiembre, avanzamos en esta nota algunos datos de interés:  

1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le queda entre el 80% y el 100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este dato corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos, la mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda perpétua en caso de sufrir una ejecución hipotecaria.
2. Un 35,6% declara tener avales, de los cuales, la mayoría, un 65,3% son familiares directos (padres o hijos). Así pues, de encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos, sería más de un hogar el que estaría en juego.
3. La gran mayoría de las  personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en  la que alojarse en caso de desahucio.
4. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio.
5. Perfil de las personas afectadas I: el 82% son nacidas en el Estado Español. Entre las personas nacidas en otros países, la comunidad más afectada es la ecuatoriana con un 4%. El nivel educativo es elevado: el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24% cuentan con estudios universitarios. Estos datos por sí solos ya desmienten la imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de “personas inmigrantes e ignorantes”. Los datos muestran todo lo contrario.
6. Perfil II: La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se componen de tres o más miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años. Un 31,6% de los hogares tienen una o dos personas mayores de 65 años.
7. Perfil III: Un 19,2% se encuentra en paro con una prestación, mientras que un 25,7% de las personas afectadas están en una situación de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido.
8. Para 1/3 de las personas afectadas en algún momento la cuota de la hipoteca ha supuesto el total de los ingresos familiares. Para más del 40% supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar, como máximo, un  30% de los ingresos. Y lo que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete el acceso a otras necesidades básicas.
9. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las  personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Sobre otras necesidades comprometidas, la mayor dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%).
10. Comportamiento de las entidades financieras I: las personas afectadas se concentran entre el grupo BBVA, con un 15,9%; Bankia, con un 15,2%; Santander (+UCI), con un 14,2%; Caixa Bank, con un 13,8%; Catalunya Caixa, con un 9,8%. Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entitadades rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Destacar también que oficialmente se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades ejemplares, y, en cambio, entre las personas afectadas de la PAH, lideran las hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias.
11. Comportamiento de los entitadades financieras II: el 84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En general, un 92% se considera insatisfecho/a con el trato recibido.
12. Objectivos de las personas afectadas: a la pregunta “¿qué espera conseguir con la movilización de la PAH?”, un 75% ha respondido la dación en pago, un 50,4% el alquiler social, un 43,9% una renegociación, un 33,8% la condonación, y un 16% “otros”.

Estos son sólo algunos de los datos del informe que se presentará este próximo septiembre. Como se puede ver, los datos son alarmantes: la grave vulneración del derecho a al vivienda que se produce desde hace hace años en el Estado Español está provocando la vulneración de otros derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación o los derechos de los niños.

Por eso, el informe final se acompañará de un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.