El pasado 30 de septiembre de 2010, el juzgado de primera instancia num. 2, de Sabadell planteó una cuestión de inconstitucionalidad por entender que ciertos preceptos de la ley de enjuiciamiento civil, de 7 de enero de 2000, son contrarios a la Constitución española de 1978.

El caso se refiere a una señora mayor, con escasos recursos económicos, que instigada por una inmobiliaria accede a endeudarse para comprar vivienda nueva. Para hacer efectivo este importe, la agencia inmobiliaria se compromete a vender la vivienda donde reside la demandada. Pero, a causa de la crisis la casa no se pudo vender. Para remediar esta situación, asesorada por la inmobiliaria, la señora contrató con IBERCAJA una hipoteca y dos préstamos, todos ellos garantizados con los dos inmuebles.

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