Cada vez más municipios se preguntan cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda de sus ciudadanos y ciudadanas, a pesar de que muchas de las normativas que condicionan el mercado de la vivienda dependen de otras instancias administrativas, como las estatales o las autonómicas en el caso de Cataluña.

El Observatori DESC ha podido conocer la experiencia del ayuntamiento de Bobigny (Francia), donde su alcaldesa optó por una política valiente que garantizara los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad. En el marco de esta política habitacional, y sin tener competencias específicas, aprovó una ordenanza que prohibía los desalojos por motivos económicos, ya que el ayuntamiento considera que "Expulsar una familia de su vivienda porque tiene dificultades económicas es indigno, inhumano, inadmisible. Es un acto de una violencia insoportable." Este tipo de iniciativas cobran mayor relevancia en el contexto actual de crisis económica, cuando a las dificultades de acceso a una vivienda digna de gran parte de la población, se suma el riesgo de pérdida de vivienda para miles de familias por motivos económicos.

Podeis leer la ordenanza en el documento adjunto, y encontrareis más información en la web del ayuntamiento de Bobigny