La suspensión de desahucios que el Gobierno puso en marcha en 2020 a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19 habrá detenido un total de 58.000 desahucios de familias vulnerables, un 25% del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024. Esta medida, que formaba parte del llamado “escudo social” y que tenía por objetivo evitar la expulsión de las familias en lo más crudo de la crisis sanitaria, se fue prorrogando hasta el día de hoy debido a que la emergencia habitacional sigue plenamente vigente, con el precio de la vivienda disparado tanto en compra como en alquiler y prácticamente inasumible para la mayor parte de la población. Este es uno de los datos del Informe impacto de la moratoria de desahucios 2021-2023. Primera evaluación de las medidas para evitar los lanzamientos del “escudo social” : RDL 11/2020 y sus prórrogas, un documento elaborado por el Observatorio DESCA y presentado conjuntamente con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) hoy frente al Congreso de los Diputados.

Todas las organizaciones coincidimos en alertar de que si esta suspensión decae -está previsto que lo haga el próximo 31 de diciembre si nada cambia- se reanudará inmediatamente la expulsión de las casi 60.000 familias sin alternativa habitacional. Es por eso que los movimientos sociales exigimos al Gobierno que mantenga la moratoria y apruebe más medidas que amplíen su efectividad -puesto que no ha funcionado en el 75% de los casos. Esta petición ha sido respaldada por la presencia de representantes de los grupos parlamentarios de casi todo el bloque de investidura: Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC, BNG y Junts, quienes se han comprometido a convalidar esta norma en la Mesa del Congreso en enero si el ejecutivo de Sánchez prorroga la norma en el Consejo de Ministros.

El informe, además, esboza un perfil de las personas afectadas por esta medida: el 77,8% de las personas que se valieron de la moratoria para detener su proceso de lanzamiento ya tenían seguimiento en los Servicios Sociales, por lo que, si bien la pandemia empeoró su situación, no es la causa directa de la misma. Asimismo, en el informe se detalla que el 77% de las ayudas ofrecidas por Servicios Sociales para evitar los desahucios son en forma de ayudas económicas puntuales;  por otra parte, se da una alternativa habitacional temporal solamente en el 2% de los casos. Esto significa que la realidad no se ajusta a las previsiones del mismo decreto, que entendía que esta suspensión era para dar tiempo a las Administraciones Públicas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas adecuadas. Está claro que, en caso de levantarse la moratoria, estas familias difícilmente habrán mejorado su situación, por lo que se necesitan más medidas que faciliten el acceso a un hogar digno y adecuado como por ejemplo la obligatoriedad, para los grandes tenedores de vivienda, de ofrecer un alquiler social. Por lo tanto, podemos afirmar que la moratoria antidesahucios ha evitado, aunque de forma moderada, que miles de familias vulnerables en España acaben en la calle.

En el caso de que la moratoria decaiga a partir del 31 de diciembre, todos los procedimientos en que la persona propietaria sea una gran tenedora pasarían al sistema de intermediación previsto por la Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023), un mecanismo que no está implementado en la mayoría de Comunidades Autónomas. Por tanto, si las autonomías no actúan para implementar un sistema de mediación con garantías, desde los tribunales seguirán adelante con el procedimiento, vulnerando este derecho de las familias vulnerables a una intermediación recogida en la ley. Asimismo, tal y como hemos denunciado anteriormente esta intermediación, si no se hace de forma garantista con las familias, corre el riesgo de ser un mero trámite que quizás solo alargue el proceso, ya que tal y como está planteado en la ley, los grandes tenedores pueden acabar ejecutando lanzamientos igualmente.

Todo esto no hace más que reforzar las demandas de la PAH sobre la importancia de dar continuidad, de forma indefinida, a este escudo social para evitar la reactivación de 58.000 desahucios y un incremento considerable del impacto de los desahucios en la sociedad. Por ello es necesario desvincularlo de la COVID-19 y la guerra de Ucrania, al tiempo que se redacte de manera que los jueces no puedan reinterpretar, para seguir desahuciando, la valoración de los servicios sociales. Este mecanismo debe convertirse en estructural y reforzarlo con la puesta en marcha de otros mecanismos para incrementar su efecto y mejorar el acceso general de la población a una vivienda digna, como la ampliación del parque público para dar respuesta a la emergencia y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Por último, es conveniente alertar del abusivo sistema de compensaciones a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables que viene incluido en la moratoria aprobada por el Gobierno. Este mecanismo implica un desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitre. Es decir, que este mecanismo hará que aquellos actores que han intensificado la actual crisis de vivienda se vean recompensados con fondos públicos mientras aún podrán efectuar el desahucio de las familias. Es por eso que planteamos que este sistema debe modificarse a fin de co-responsabilizar a estos grandes tenedores con medidas como el alquiler social obligatorio, la cesión temporal o permanente de viviendas ampliar el parque protegido de vivienda o bien la firma de convenios para la efectiva eliminación de la deuda generada.