El litigio estratégico es una forma de denuncia de vulneraciones de derechos que busca conseguir cambios estructurales como nuevas leyes o políticas públicas, más allá del caso concreto que se lleva a tribunales. En las pocas ocasiones en que se obtiene una sentencia o resolución favorable, su implementación suele resultar complicada y con frecuencia la reparación es mínima. Esto genera frustración y desgaste, especialmente en aquellos casos en los que se han dedicado muchos esfuerzos a recabar datos e información, hacer campaña y acompañar el caso de forma colectiva desde comunidades, movimientos sociales u organizaciones de derechos humanos.

Con el fin de abordar estrategias exitosas para la implementación de los resultados del litigio estratégico, la Red DESC-ESCRnet y Amnistía Internacional organizaron un seminario en Johannesburgo, Sudáfrica, titulado “Avanzando en la implementación de decisiones positivas en DESCA”. Durante tres días pudimos compartir diferentes puntos de vista entre regiones (especialmente, del sistema africano de derechos humanos, pero también del europeo y del interamericano). El debate entre movimientos y comunidades indígenas por un lado (como los pueblos Endorois y Ogiek de Kenia, Abahlali Basemjondolo de Sudáfrica o el pueblo Sarayaku de Ecuador), y abogados y organizaciones de derechos humanos, especialmente africanas (como Legal Resources Centre, Centro para Applied Legal Studies, Institute for Human Rights and Development in Africa o Women's Legal Centre) fue muy fructífero. Además, se presentaron casos de India y Canadá. En nuestro caso, Irene Escorihuela, Directora del Observatorio DESC y miembro del grupo de trabajo de litigio estratégico de la Red DESC-ESCRnet, compartió algunas ideas sobre el sistema europeo de derechos humanos y los múltiples casos de vulneración de derecho a vivienda en España que se han llevado al Comité DESC de Naciones Unidas.

A partir de casos concretos y experiencias de implementación en materia de DESCA, se compartieron las siguientes reflexiones:

- La implementación de los casos no es un hecho puntual, sino un largo proceso que es necesario empezar a plantear desde el inicio. Es necesario tener recursos para esta fase y dedicarle tiempo.

- Es fundamental que el litigio estratégico forme parte de una estrategia conjunta de lucha de las comunidades y los movimientos sociales. De lo contrario, la parte de implementación resultará mucho más complicada: es necesario tener la fuerza social necesaria para facilitar al Estado cumplir con la resolución o dictamen. Asimismo, es necesario garantizar la seguridad de los líderes de las comunidades que han presentado la queja o demanda.

- Hay que tener muy claro qué parte del Estado es responsable por implementar la resolución. ¿Debemos dirigirnos al poder ejecutivo? ¿A qué Ministerio? ¿Debemos emplazar el poder legislativo para un cambio legal? ¿Es necesario introducir modificaciones en el poder judicial?

- Es recomendable crear espacios de encuentro en formato diálogo entre gobierno, víctimas, organizaciones sociales y abogados puede ser una buena forma de andar hacia una implementación más exitosa. Implicar a algún miembro del poder judicial o los comités de derechos humanos también puede ser de utilidad.

- Puede ser útil pensar en incorporar un plan de implementación como parte de la reparación solicitada en la queja, comunicación o demanda.

- Es importante facilitar la implementación al Estado al máximo, por lo que se recomienda aportar datos, información, presupuesto necesario para implementar o desgranar las áreas a cargo de las diferentes recomendaciones de implementación.

- A veces, los litigios estratégicos tienen un impacto más allá de la victoria del caso o no. A menudo, la incidencia sobre la temática permite que existan cambios y avances en derechos independientemente del resultado final del litigio.

- Se debe elegir extremadamente bien el caso emblemático que se quiera llevar a tribunales: desde el inicio se debe valorar si se podrá acompañar correctamente, tanto a nivel jurídico como, sobre todo, social y comunitario, no sólo durante el su largo proceso judicial sino también a posteriori para hacer efectiva la implementación.

- En ocasiones, perder un caso puede también ser un revulsivo para cambios sociales: la indignación social puede dar lugar a cambios institucionales o conseguir los objetivos del litigio por otras vías (legislativas, administrativas...).

También tuvimos la oportunidad de visitar la Corte Constitucional sudafricana, emplazada en una antigua cárcel donde Nelson Mandela y Mahatma Ghandi estuvieron. Asimismo, nos solidarizamos con la comunidad Ogiek, presente en el taller. Se trata de una comunidad que viven en los bosques de Kenia que estaban sufriendo escombros de sus viviendas. También mostramos preocupación y solidaridad por el genocidio en Palestina.

La participación en este taller se enmarca dentro del proyecto "Repensamos el derecho a la ciudad post-pandemia", financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en lo que respecta al desarrollo de litigios estratégicos en materia de derechos sociales con vínculo norte-sur .