Una nueva investigación del Observatori DESC ha destapado el presunto intento de la empresa minera española ISAM Holding de obtener una concesión, de forma irregular, para explotar yacimientos geológicos protegidos en el Amazonas colombiano. Desde la entidad publicamos el informe Mecanismos contra la impunidad corporativa, donde hemos investigado la denuncia de varias comunidades multiétnicas del Timbó de Betania, Bogotá Cachivera y Murutinga, -cuyas tribus en el pasado sufrieron los estragos de la evangelización de los conquistadores, así como del genocidio y esclavitud derivados de la “fiebre del caucho” a principios del siglo XX- que ahora afrontan la posibilidad de ver de nuevo esquilmados sus territorios, con el consiguiente impacto social, cultural y medioambiental.

En 2014 la Autoridad Nacional Minera (ANM) de Colombia autorizó un título de concesión minera de dos mil hectáreas para la extracción de minerales como el niobio, tantalio, vanadio y circonio durante 30 años en una zona protegida bajo resguardo indígena y reserva forestal. La concesión se hizo a Claudia Patricia Gómez González, una persona física de nacionalidad colombiana quien intentó transferir los derechos de explotación de minerales raros a la empresa Tantalum Tech Mining S.A.S. -quien es conocida por tener interés en explotar los minerales de la zona- en 2016, aunque esta transmisión fue denegada por la Administración en 2019. A su vez, Tantalum Tech Mining S.A.S. es una empresa filial de ISAM Europa S.L. un holding de origen español.

Las investigaciones, por tanto, apuntan a que la actual titular de la concesión actuó como testaferro, en nombre de dicha empresa minera, para sortear las trabas legales y poder explotar la zona que, además, se especula que pueda contener coltán, un material de vital importancia en el desarrollo de baterías y, por tanto, de alto interés para la industria tecnológica -y que ya ha sido motivo de sangrientas guerras en países como el Congo, el cual se estima que alberga el 80% de las reservas mundiales de este mineral. Investigaciones previas del periódico Colombiano El Espectador ya apuntaban en esa dirección, vinculando incluso el título de explotación a organizaciones pertenecientes al crimen organizado. 

La impunidad corporativa en el Sur Global

Este caso se destapa a raíz de la publicación del último informe del Observatori DESC titulado “Mecanismos contra la impunidad corporativa”, que expone la preocupante realidad de la impunidad corporativa con relación a la violación de derechos humanos y ambientales por parte de empresas transnacionales. Dicho informe es fruto de un intenso trabajo de investigación que revela las prácticas empresariales que esquivan las consecuencias legales de poner en peligro los derechos fundamentales de las personas y el medio ambiente. A través de entrevistas a expertas y comunidades afectadas, así como el análisis de casos concretos como el de Chevron en Ecuador, la declaración del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis en Colombia y el caso de las comunidades multiétnicas del resguardo indígena del Timbo, este informe pone de manifiesto la urgencia de tomar acciones concretas para luchar contra la impunidad corporativa. 

Por otra parte, el texto analiza cómo los mecanismos de resolución de conflictos internacionales entre estados e inversores tienen un papel importante a la hora de perpetuar la impunidad corporativa. Pone en evidencia cómo los actuales mecanismos de resolución de conflictos entre los países y los inversores menosprecian los derechos humanos, ya que someten a los Estados a los intereses de los grandes capitales privados. Por ello, es necesario crear nuevos marcos reguladores vinculantes -así como la creación de organismos con capacidad y recursos para velar por ellos- para las empresas que aseguren la responsabilidad extraterritorial en caso de violaciones de derechos humanos y ambientales. 

El objetivo de esta publicación es informar y movilizar a la ciudadanía y a los medios interesados en los efectos de las malas prácticas empresariales, así como ofrecer un análisis legal y sociopolítico de los mecanismos que contribuyen o impiden la impunidad corporativa. Desde el Observatorio DESC, reafirmamos nuestro compromiso en la promoción de la justicia social y ambiental, así como la lucha contra la impunidad corporativa.