Asesoramiento legislativo

El derecho, las normas y ordenamiento jurídicos son, entre otras cosas, un producto de la sociedad donde se insertan. Dar cobertura a los derechos necesita a menudo de cambios legales, siendo este también un factor de cambio social. Por otra parte, a pesar de las limitaciones que pueda tener, el marco legal vigente no es utilizado con todo su potencial y desde una perspectiva de derechos.

Identificar, fundamentar y concretar las oportunidades y necesidades en estos dos niveles, es un motor para conceptualizar y diseñar medidas y políticas públicas innovadoras en clave de derechos. Disponer del conocimiento de las mejores experiencias existentes en base a una perspectiva comparada, junto con la experiencia para adaptarlas al contexto propio; es una de las claves del éxito en el campo del asesoramiento legislativo.

El Observatorio DESC dispone de experiencia y recursos en la materia, en especial sobre derecho a la vivienda. Son ejemplos los trabajos revisión y balance de la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña que han resultado en un libro (Área Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona, ​​2017 a 2.018), la nueva vía para actuar contra el acoso inmobiliario (2018 ), la elaboración de la Guía "Marco legal del cooperativismo de vivienda en cesión de uso" (Sostre Cívic, 2017), el asesoramiento a grupos parlamentarios para la redacción de propuestas legislativas o alegaciones (proposición de Ley sobre emergencia habitacional y alquileres en el Congreso de los Diputados, 2017; asesoramiento proyecto de Ley de vivienda de las Islas Baleares, 2016), participación en el grupo trabajo de la nueva ley de arrendamientos urbanos catalana y Ley 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. (Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, 2016), apoyo técnico en la redacción, tramitación y negociación de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda y pobreza energética, posterior Ley 24/2015 (PAH, APE y Observatorio DESC, 2015), o el diseño de medidas para la movilización de la vivienda vacía hacia vivienda social en base a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda (experiencia piloto en Terrassa, 2014).

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